El tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, sostiene que en 2011 se reportaron 49 incidentes –riñas, homicidios, intentos de fuga, suicidios e incendios– en penales del país, los cuales dejaron saldo de 171 muertos.

Explica: El año pasado ocurrieron 30 riñas, con resultado de 132 decesos; en dos incendios, 18 muertos; 10 homicidios; dos fallecimientos por causas naturales; un intento de fuga, con un deceso; un motín, con un muerto, y siete suicidios.

Este año ya se tienen registrados 75 fallecimientos en dos penales: 31 en el de Altamira, Tamaulipas, en enero pasado, y 44 en el de Apodaca, Nuevo León, el domingo anterior, de acuerdo, subraya, con los cuadernos de estadísticas penitenciarias de la Secretaría de Seguridad Pública e información periodística.

Asevera: “La riña del domingo pasado en el penal de Apodaca no pudo suscitarse sin la colusión de autoridades. Parece difícil que una evasión genere una situación como la ocurrida aquí y que nadie haya estado enterado. Por lo menos con una noche de anticipación hay suficientes rumores como para mantener informadas a las autoridades.

Es tan grave el asunto, que es difícil pensar que los internos y el personal de custodia no se enteren y no emitan una alerta.

–¿A qué atribuye que ocurran estos hechos? No es la primera vez que se producen fugas y decesos en las cárceles.

–Es muy lamentable y penoso que ello ocurra, pero se trata de un fenómeno antiguo. En 2010 y 2011 se fue tornando más dramático, ya que cobró la vida de varias personas, lo cual es muy preocupante. Ello nos dice que el sistema penitenciario no cumple su función.

Observamos el cotidiano régimen de tolerancia y corrupción en materia penitenciaria. La CNDH cumple su mandato de supervisión, no sólo haciendo del conocimiento de las autoridades las violaciones individuales a los derechos humanos de los internos, sino también de las graves carencias y deficiencias.

–¿Ya tienen fecha para publicar su nuevo informe sobre el sistema carcelario nacional?

–En breve. Estamos terminando de cargar toda la información. Se visitaron 100 presidios.

–¿Podría decir cuál es la situación sobre sobornos, drogas, alcohol, teléfonos celulares e incluso satelitales y armas que se introducen y venden en éstos?

–Sin duda la corrupción es un problema complejo, el cual no es desconocido para nadie. Hay un régimen de impunidad. Se sabe que las prisiones funcionan de manera muy ineficiente y que la corrupción es uno de los principales conflictos.

Desgraciadamente, el Estado ha sido incapaz de revertir carencias y esas situaciones prevalecen no obstante el conocimiento de todos, lo cual genera ese régimen de tolerancia, en el que no se cumple la obligación de reinsertar a los internos a la sociedad mediante el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte. Creo que no existen energía y voluntad política para cumplir esa obligación constitucional.

–En este caso de Apodaca, había mujeres con hijos. ¿No está prohibido que familiares se queden?

–Al parecer se trataba de una visita de fin de semana. De manera sorprendente vimos que los menores se quedaban con sus padres. Sobre eso habría que abundar en la investigación, porque sí hay una prohibición. Este asunto lo está investigando la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y la CNDH ha enviado dos visitadores generales de apoyo.

–En más de 20 años de existencia de la CNDH, ¿podría decir que hay cambios en los penales?

–Sí, pero menores, que no van de acuerdo con las necesidades de la población interna. El famoso combate a la delincuencia organizada ha generado que en las penitenciarías haya mucha afluencia de personas que siguen sin las condiciones básicas. No se han ido tomando las previsiones a futuro y ello preocupa.

–Además de la sobrepoblación y la falta de capacitación al personal de seguridad, ¿qué otras cosas le preocupan?

–Hay una sobrepoblación de 24.35 por ciento en promedio, pero en los penales del norte, los del Distrito Federal y del sureste, así como en el de Quintana Roo, supera 100. Sin duda falta capacitar al personal y esas carencias han generados déficits enormes. Es difícil pensar que no se pueda contar con un sistema de inteligencia para detectar que se están gestando ese tipo de actos.