El Gobierno del Distrito Federal (GDF) despidió a 450 trabajadores eventuales, de honorarios, asimilados a salarios, autogenerados y voluntarios que laboraban en Locatel, DIF, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Seguro Popular, Dirección General de Servicios Urbanos e Inmujeres, entre otros, como parte de su política de entregar la prestación de los servicios públicos a compañías privadas.

En la inauguración de la ciudad okupa, en la Plaza de la Constitución, integrantes de esa agrupación demandaron su reinstalación, el pago de 7 mil laudos ganados en tribunales y su basificación, pues hoy se nos niega una relación laboral, prestaciones sociales y reconocimiento de antigüedad, en aras de privatizar, concesionar o dar permisos administrativos a algunas empresas.

Los trabajadores despedidos advirtieron que mientras el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, no se siente a dialogar con ellos, mantendrán el plantón que instalaron desde el pasado lunes a las puertas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, con carpas y casas de campaña, donde colocaron cartulinas con leyendas de protesta.

Mostraron un oficio signado por Marcela Gómez Zalce, jefa de la Oficina de la Jefatura de Gobierno, dirigido hace una semana al secretario de Desarrollo Social, Jesús Valdés, en el que por instrucción de Ebrard Casaubon le pide resolver el problema de los trabajadores de Locatel. A la fecha, el secretario se ha negado a recibirlos.

Para demostrar que son trabajadores activos y no aviadores, como han dicho algunas autoridades, exhiben copias de recibos de pago y bitácoras de sus jornadas de trabajo, aunque a partir del 2 de enero ya no los dejaron ingresar a su área de trabajo.