La Secretaría de Salud (Ssa) transfirió en 2010 más de 2 mil 666 millones de pesos a los estados para la operación de 10 programas prioritarios.

Hasta agosto de 2011 no había evidencia de que los recursos se hubieran aplicado para los fines previstos y menos de los resultados, entre otras de las acciones para reducir la mortalidad materna, el control de VIH-sida, la prevención de enfermedades crónicas, obesidad y lesiones, la salud del niño y adolescente, así como la prevención y atención de adicciones.

En la revisión de la cuenta pública 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la dependencia carece de mecanismos para verificar que las entidades cumplen con las acciones de salud, las cuales son responsabilidad de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

De hecho, hasta agosto de 2011 las entidades federativas todavía tenían pendiente de comprobar el ejercicio de 2 mil 54 millones 145 mil pesos o bien de que al no utilizarlos reintegraron los recursos a la Tesorería de la Federación, con excepción de casi 13 millones de pesos que de manera extemporánea y con motivo de la auditoría, regresaron los estados Chiapas, Morelos, Jalisco y el Distrito Federal.

Tampoco se encontraron resultados confiables y suficientes en la aplicación informática Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (Afaspe), esquema diseñado por la subsecretaría para conjuntar y uniformar la información sobre los recursos distribuidos a los estados. Lo anterior porque los datos no concordaron con las cifras de los documentos oficiales como convenios, cuentas por liquidar certificadas, reintegros presupuestarios y minutas de reuniones de trabajo donde se establecieron los montos comprobados y por comprobar.

Otras estrategias incluidas en el ámbito de acción de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud son el Seguro Médico para una Nueva Generación, la Vigilancia epidemiológica, Atención de la salud reproductiva y la igualdad de género en salud, Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación y el Programa comunidades saludables.

El órgano auditor también encontró que las unidades administrativas y órganos desconcentrados que dependen de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y están a cargo de los programas prioritarios, no transfirieron los recursos económicos a los estados en los plazos previstos, lo que afectó el cumplimiento de las acciones. Tampoco se encontró justificación de tal retraso.

Entre las recomendaciones para la Ssa, destaca la de presentar al órgano interno de control la denuncia respectiva por los actos y omisiones de los servidores públicos que no realizaron visitas de supervisión ni establecieron mecanismos para asegurarse de la ejecución de los presupuestos y las acciones de salud.