yer, al concluir una reunión privada entre el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, y consejeros de Grupo Banamex, varios de los asistentes contaron que el político michoacano había dado a conocer resultados de una encuesta en poder de Los Pinos, según la cual la aspirante presidencial panista, Josefina Vázquez Mota, se encuentra cuatro puntos porcentuales por debajo del candidato priísta, Enrique Peña Nieto. Horas más tarde, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que negó los dichos atribuidos a Calderón Hinojosa, señaló que éste en ningún momento opinó ni mencionó a los aspirantes presidenciales en contienda, sus partidos, o propuestas programáticas. Pero aun si el gobernante no hubiese pronunciado las palabras que diversas personas le escucharon, el hecho es que exhibió en la reunión una encuesta de preferencias electorales elaborada a pedido de Los Pinos, y con ello protagonizó una intromisión a todas luces indebida en el proceso electoral y contaminó gravemente las campañas presidenciales, incluida la de su correligionaria Vázquez Mota.

En un ambiente prelectoral de suyo enrarecido, la actitud del titular del Ejecutivo confirma una propensión de su gobierno a incidir en procesos comiciales con miras a apuntalar a candidatos de su partido e introducir factores de distorsión de la voluntad popular, similares a los que sembró en su favor Vicente Fox en los comicios de 2006. Semejante comportamiento no sólo es nocivo para la vida republicana y para la propia investidura presidencial, sino también para el partido en el poder y para su aspirante a la Presidencia: una injerencia electoral como la que desarrolló el gobierno foxista y las cúpulas empresariales en favor de la candidatura calderonista es obligadamente desastrosa para la mermada credibilidad de los procesos e instituciones electorales del país y, en un escenario de triunfo blanquiazul, desembocaría en una presidencia deficitaria de legitimidad desde su origen, como ocurrió hace casi seis años con la administración encabezada por el propio Calderón. Pero incluso si los resultados de la elección presidencial de julio próximo no fueran favorables para el PAN, ese partido quedaría exhibido por su falta de capacidad o de voluntad para separar el ejercicio gubernamental de la pretensión de imponer sucesores.

De hecho, no es la primera ocasión en la que el gobierno federal interviene para manipular tendencias electorales, preferencias partidarias o intenciones de voto: se tiene, como antecedente general, el lamentable desempeño de la Procuraduría General de la República y la manera facciosa en que ha venido siendo manejada desde el inicio de la actual administración para perjudicar las causas priístas y perredistas y solapar, en prácticamente todos los casos, a funcionarios y representantes populares panistas señalados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada o por manejos indebidos de los recursos públicos.

Para los organismos electorales resulta imperativo, so pena de resignarse a la degradación de su propia credibilidad, de por sí escasa, poner un alto, de manera clara y contundente, a la pretensión de Los Pinos de entrometerse en los asuntos electorales en curso, y en ello han de desempeñarse con más resolución y energía que la que puso en juego el Instituto Federal Electoral en 2006 ante un presidente deslenguado e irrefrenable, cuyas compulsiones proselitistas tanto daño hicieron a la confiabilidad de los procesos comiciales, a las instituciones encargadas de organizarlos, a su propio sucesor y a su partido, al país y a sus aspiraciones democráticas.