e acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Baja California ocupó durante 2011 el primer lugar en robos. Las estadísticas de dicho sistema reportan 2 mil 227 hurtos por cada 100 mil habitantes, es decir, 85 mil robos, de todo tipo, fueron los reportados por la población durante el año pasado.

Este nada honroso lugar tiene causas multifactoriales, pero una de ellas es el ejemplo nada edificante de una casta gobernante donde se mezclan negocios, cochupos, actividades gansteriles, intereses trasnacionales, incompetencia gubernamental, codicia, avaricia y ambiciones sin límites.

Los gobiernos priístas navegaron en medio de claroscuros, corruptelas, veleidades, errores y falta de brújula, por lo que la ciudadanía les pasó la factura en 1989, cuando se inaugura una supuesta etapa de transición, con el reconocimiento del primer gobierno panista. De ese año a la fecha se han sucedido diferentes administraciones del mismo partido y la tierra del cambio prometido ha tenido que sufrir en carne propia el costo de vivir en un contexto dominado por la incertidumbre, el narcotráfico, miles de ejecuciones, desapariciones forzadas, y el entreguismo de tierra, territorio y soberanía a compañías trasnacionales. Todo ello acompañado de la aparición de grandes fortunas mal habidas, de una casta de gobernantes tan ambiciosos como incompetentes, y cómplices del crimen organizado.

De los gobernantes panistas, los casos de Eugenio Elorduy y Ernesto Ruffo resultan patéticos y emblemáticos. Acostumbrados a realizar sus trapacerías al amparo de la impunidad y la protección de las autoridades de todos los niveles de gobierno, han convertido a Baja California en su territorio de negocios. Quizá por ello la mayoría del Congreso del estado ha decidido hacer suyas múltiples denuncias ciudadanas, que tienen harta a la sociedad de tanta impunidad y rabia contenida.

Ante los señalamientos de los legisladores bajacalifornianos, los pilluelos ex gobernantes panistas han respondido como lo han hecho toda la vida. Se asumen como víctimas de una conspiración nacional, aluden a chascarrillos baratos y descalifican a sus acusadores.

Eugenio Elorduy ha declarado que no tiene cola que le pisen, y si la tuviera, ya me la hubieran pisado. En esta ocasión nos dedicaremos a dar respuesta a la tan sesuda defensa del señor Elorduy, por lo que ofrecemos una disculpa al señor Ruffo por no ocuparnos de su caso por ahora, con el ofrecimiento de que en una colaboración próxima expondremos su largo historial de negocios, trucos y tratos realizados al amparo de uso y usufructo del poder en Baja California.

Volviendo con Elorduy y hablando de colas, podemos decir que la suya huele a gas. Está llena de lodo, sucia por sus negocios con la mafia, empieza en Mexicali y termina en los terrenos de la empresa Energía Costa Azul de la trasnacional Sempra Energy, ubicados en el municipio de Ensenada.

En un intento por resumir al máximo el racimo interminable de hechos que documentan las actividades delincuenciales que en cualquier sociedad democrática y civilizada lo tendrían tras las rejas, podemos apuntar los siguientes hechos, que dibujan de cuerpo entero a este personero del panismo bajacaliforniano.

Utilizó todos los recursos del estado para entregar tierra, territorio y soberanía a la empresa Sempra Energy, convirtiendo a Baja California en el sótano de máquinas de los estados de California y Arizona, a cambio de pingües ganancias personales.

Formó parte de la cofradía de asociados alrededor de la compañía Próxima Gas SA de CV, la cual creó otras empresas, como DGN Servicios S de RL de CV, la cual, según información aportada por el ex contralor Rudy Michelon, el 7 de febrero de 2003 fue comprada por Sempra a un precio de 32 millones de dólares, cantidad que representaba, según el propio ex contralor, una sobrevaloración de 9 millones de dólares de su valor real contable.

Elorduy dice que en este negocio y en esa sociedad no tiene nada que ver, pero para su infortunio, en una información valiente difundida por el periodista bajacaliforniano Fausto Ovalle, director del diario electrónico la-ch.com, en un contrato de apertura de crédito que otorgaría el Grupo Banamex, por 750 mil dólares, a la sociedad Amerpack, del cual sería fiadora la compañía Próxima Gas SA de CV, celebrado el 6 de febrero de 1997 ante el notario público número 4 de Mexicali, e inscrito ante el Registro Público de la Propiedad del estado bajo la partida 3116908, aparece inscrito el nombre de Eugenio Elorduy, junto al de los demás socios, Francisco Molina Robles, Carlos Postlethwaite, los hermanos José Luis y Eduardo Infanzón Gutiérrez y Javier Alejandro y Eduardo Infanzón Mata.

Después de que Sempra Energy realiza la compra sobrevalorada de la empresa de los socios de Elorduy, el 12 de agosto de 2003 el alcalde de Ensenada, en acuerdo con el ex gobernador Elorduy, le entrega un documento llamado permiso de uso de suelo a la empresa Energía Costa Azul, el cual firmaba en forma personal, sin el acuerdo del cabildo ni los requerimientos contemplados por la ley y normas vigentes en desarrollo urbano.

La empresa Marathon Oil, principal competidora de Sempra Energy, que contaba con un permiso para instalar otra regasificadora frente a las costas bajacalifornianas, se vio impedida para concretar su proyecto debido a una de las acciones más burdas realizadas por un gobierno para garantizar los intereses de sus socios y cómplices. En febrero de 2004, el gobernador Eugenio Elorduy llevó a cabo la expropiación de 800 hectáreas de la zona de Tijuana conocida como El Monumento, ubicada justo en los terrenos donde pensaba instalarse la competidora de Sempra Energy.

La medida, realizada sin la suficiencia jurídica, justificación social y soporte técnico, ha tenido que ser revocada, y el 21 de octubre el actual gobierno de Baja California ha tenido que publicar en el Periódico Oficial la revocación del decreto de utilidad pública de los terrenos, no sin haber dilapidado varios cientos de millones de pesos en juicios, pagos indebidos y gastos a cargo del erario. ¿Fracaso? Para Elorduy no: él cumplió su cometido de proteger los intereses de sus compinches.