El presidente Felipe Calderón remitió ayer al Senado el tratado entre México y Estados Unidos sobre los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México, mismo que fue turnado a comisiones, para su eventual ratificación, luego de la protesta del perredista Pablo Gómez por el tono del oficio con que se les hizo llegar el documento.

En ese oficio, signado por el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Rubén Alfonso Fernández Aceves, pide a los senadores considerar el acuerdo durante el actual periodo de sesiones ordinarias.

Desde su escaño, Gómez Alvarez advirtió al presidente de la mesa directiva, José González Morfín, que si se tratara de una orden al Senado, es inaceptable, y le pidió solicitar una aclaración al funcionario, a fin de que expliquen si el documento sólo tendría validez en este periodo ordinario, que concluye el 30 de abril, y no eventualmente en un extraordinario o en la próxima legislatura.

González Morfín se comprometió a pedir la explicación necesaria y por lo pronto turnó el tratado a la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte y a la Comisión de Energía. El titular de esta última, Francisco Labastida, comentó que revisarán a fondo la letra chiquita del acuerdo, aunque de entrada contiene las sugerencias que los legisladores pidieron que se incorporaran.

El tratado consta de siete capítulos y 25 artículos y, de entrada, México y Estados Unidos estipulan que pueden celebrarse otros acuerdos de cooperación, para la explotación eficiente, equitativa y ambientalmente responsable de los yacimientos transfronterizos, fuera de este marco de regulación, signado el pasado día 20 por la canciller Patricia Espinosa y la secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton.

Ambos países se comprometen a que dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de los acuerdos consultarán sobre las actividades de exploración y explotación emprendidas dentro de las tres millas contiguas a la líneas de delimitación, la cual se refiere a las fronteras marítimas en el Golfo de México.

Independientemente de esas consultas sobre si México o Estados Unidos tienen conocimiento de la existencia de un yacimiento transfronterizo, deberán notificarlo por escrito al otro país dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se descubrió y, de ser el caso, presentar su plan de desarrollo de producción.

Igualmente, 90 días después de la entrada en vigor del tratado, se establecerá una comisión conjunta, que brindará asistencia a México y Estados Unidos, conforme lo considere necesario, incluso a través de expertos y tendrá competencia para examinar todo tipo de controversias y diferencias, tanto en producción como en la determinación de un yacimiento transfronterizo.