Catorce meses después de que empezó una disputa en defensa de lo que en su momento definió como la legalidad de su fondo inmobiliario, conformado por ahorros presupuestales del ejercicio 2010, el Instituto Federal Electoral (IFE) tuvo que recular ante los señalamientos jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En sesión de su junta general ejecutiva, el instituto determinó devolver los 367 millones de pesos que mantenía en el fideicomiso, que incluyen los intereses devengados en el periodo.

En el documento, aprobado de forma unánime, se recuperan señalamientos de la ASF que advierten: se presume un probable daño o perjuicio a la hacienda pública por 348 millones 346 mil 193 pesos, más los intereses devengados desde su disposición, por recursos no reintegrados en la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Originalmente el IFE había previsto que de los ahorros que obtuvo en 2010 se conformara un fondo inmobiliario para adquirir propiedades que permitieran a la institución reducir el elevado gasto que destina anualmente al arrendamiento de edificios y oficinas. En su momento, el contralor general del IFE, Gregorio Guerrero, el Congreso y los partidos políticos señalaron la ilegalidad de pretender ejercer en 2011 recursos de 2010, pero el IFE defendió su decisión argumentando diferencias de criterios jurídico.

La disputa llegó a su fin con un reconocimiento implícito del instituto de que la razón jurídica no le asistía, por lo que el fondo inmmobiliario se mantendrá, pero sólo bajo los recursos que explícitamente se etiquetaron para ello en 2011 y 2012.

Por otro lado, un día después de que la misma junta general ejecutiva aprobó el otorgamiento de dos meses de salario bruto a los miembros del Servicio Profesional Electoral –la rama administrativa del IFE–, el personal de honorarios, las direcciones ejecutivas y los consejeros guardaron silencio. Yo de ese tema no hablo, resumió Francisco Guerrero, mientras otros consejeros argumentaban comidas para justificar salidas intempestivas del instituto.

Sólo Sergio García Ramírez habló del tema, explicando que el bono electoral es una disposición que establece la ley, y espero que sea un factor de compensación más para quienes van a tener que trabajar muy intensamente el tiempo que dure el proceso electoral, y desde luego no estoy pensando en mí, sino en esas personas, que de lo contrario tendrían que cobrar horas extras, lo cual sería más oneroso.

El artículo 207 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que los miembros del Servicio Profesional Electoral recibirán una compensación en año de comicios, lo cual desde 1991–cuando se creó– se ha hecho extensiva a todas las áreas, según informaron en el IFE. De ahí que los directores ejecutivos, con percepciones brutas superiores a 170 mil pesos, recibirán dos meses de bono.