La Cámara de Diputados instruyó a la Secretaría de Gobernación a publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los dictámenes de las cuentas públicas de los años 2002 y 2007. De no acatarse tal orden se citará a comparecer al titular de la dependencia, Alejandro Poiré, para explique la reticencia del Ejecutivo federal a ordenar la publicación de ambos documentos.

Como segunda opción, de persistir la negativa del gobierno calderonista, se presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para obligar a que Gobernación publique los dictámenes de esas cuentas.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro responsabilizó al presidente de la mesa directiva, Guadalupe Acosta Naranjo, por su presunta omisión a la hora de demandar a la administración calderonista la publicación de dichas cuentas públicas. Éste, informó que desde el 24 de febrero pasado envió una carta al secretario de Gobernación instruyéndole que publicara en el DOF ambos dictámenes; defendiéndose de los ataques del priísmo insistió que reiterar una segunda instrucción al gobierno federal para la publicación retrasaría 10 días la aparición en las páginas en el órgano oficial.

Finalmente se decidió conceder un plazo de gracia al gobierno de Felipe Calderón, hasta el jueves próximo, para que aparezcan publicados en el Diario Oficial de la Federación los dictámenes de las dos cuentas públicas. De no ser así se convocará a Alejandro Poiré a comparecer o se iniciará el procedimiento de controversia constitucional.

Crítica al manejo de los recursos públicos

El tema de fondo radica en que la cuenta de 2007 –la primera de la administración de Calderón– fue reprobada por la Cámara de Diputados, y la administración federal pretende que no puede aplicarse tal calificativo al análisis del gasto total, atendiendo las observaciones negativas en rubros específicos, porque de resultar así todo el gasto resultaría reprobatorio, y eso contravendría la condición administrativa del Ejecutivo federal a la hora del manejo de los recursos públicos.

Es decir, el gobierno no podría reprobarse a sí mismo, como pretende la Cámara de Diputados. Se vislumbra que la Secretaría de Gobernación responda durante las próximas horas que no corresponde al Poder Legislativo reprobar o aprobar el gasto público, sino simplemente su análisis y observaciones al mismo.

El diputado Ernesto Pompa Corrella demandó a encargado de la mesa directiva que cumpliera con su responsabilidad, como lo indica el artículo 72, párrafo B de la Constitución.

“Es muy claro, dice que pasados 10 días sin que el Ejecutivo haga lo que le corresponde, usted tiene la facultad para poder hacerlo sin necesidad de un refrendo. Esa es la petición que le estamos haciendo, que haga usted, como presidente de esta mesa directiva, valer las decisiones que están tomándose por parte de este poder… usted tiene la obligación de hacer valer estas decisiones. Yo le pediría que hagamos valer lo que impone la Constitución en favor de este Poder Legislativo y se ordene al encargado del Diario Oficial, que haga la publicación.”

La respuesta del encargado de la presidencia, otra vez, fue descompuesta y atropellada, y lo que se le alcanzó a entender fue que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, habló con él, y le prometió que en la presente semana se publicarían los dictámenes de las dos cuentas públicas.