Baqueachi, Chihuahua. El primero de marzo se cumplen dos años del asesinato del abogado Ernesto Rábago Martínez, asesor jurídico del ejido rarámuri de Baqueachi, municipio de Carichí, en la sierra Tarahumara. El crimen, cometido en la ciudad de Chihuahua, está relacionado con el litigio que los indígenas sostienen contra un grupo de ganaderos mestizos por invasión y apropiación de más de 44 mil hectáreas de tierra. A la fecha no se ha ejercido acción penal contra los autores material e intelectual del asesinato.

Como reportó La Jornada en su momento (3/3/10), Rábago fue atacado en el despacho que compartía con su esposa, la también abogada Estela Ángeles Mondragón, quien ha dirigido la batalla legal de los rarámuri contra los ganaderos. Desde un principio ella atajó las afirmaciones dolosas de que se trataba de una ejecución del crimen organizado: Es una venganza y está relacionada con la defensa de las tierras de los indígenas de Baqueachi. La abogada ya había sido amenazada y dos semanas antes su hija Denny Loya Ángeles fue herida de bala en un brazo cuando se encontraba en la cochera de su casa.

Entre los conflictos latentes por invasión de tierras indígenas en la Tarahumara, el de Baqueachi sobresale por los triunfos legales (32 juicios agrarios) de los rarámuri en una larga batalla política y legal (ver nota de Miroslava Breach y artículo de Víctor Quintana en La Jornada del 28 de noviembre y 10 de diciembre de 2010, respectivamente).

A la cabeza de la batalla ha estado Patricio Chávez Gabriel, primer gobernador de Baqueachi. Desde niño supo del problema y de las dificultades de su abuelo y su padre –quienes no hablaban castilla– para lidiar con la burocracia de los tribunales agrarios y las trampas que se esconden en la jerigonza judicial.

Cuando fue nombrado primer gobernador y se vio en la necesidad de involucrarse en el conflicto (1995), lo primero que hizo fue aprender a leer y escribir en español y, enseguida, conocer las leyes agrarias aplicables en la disputa. Fueron noches y madrugadas dedicadas a esa tarea.

Al tanto del problema, el entonces diputado federal Víctor Quintana recomendó a Patricio Chávez los servicios de Estela Ángeles Mondragón, abogada de origen ñañú especializada en disputas agrarias.

Acostumbrados a imponerse, por la buena o por la mala, los mestizos invasores, liderados por José María Sandoval, acusaron a la abogada de guerrillera y terrorista.

Cuenta Patricio Chávez: Decían los mestizos que Baqueachi antes era zona de paz, pero era la paz de ellos, porque los indígenas estábamos viviendo mucha violencia; cuando alzamos la voz ya no les gustó.

Ocupantes ancestrales de esas tierras, donde durante siglos han convivido en armonía con la naturaleza, los rarámuri no disponen de títulos de propiedad, ¿por qué, si el río, los árboles, los animales del bosque, la tierra, no son de nadie y a la vez son de todos y todos se comprometen a cuidarlos?

El conflicto de Baqueachi es uno de los muchos registrados en un proceso histórico que empezó con la llegada de los invasores españoles y que a lo largo de los siglos ha continuado con los mestizos, quienes se han apropiado de grandes extensiones de tierra invadiéndolas, cambiándoles nomenclatura, cercándolas y registrándolas como propias.

La mayor parte de los 32 juicios ganados por los rarámuri en Baqueachi aguardan ejecución. Por lo pronto, Patricio Chávez Gabriel y Estela Ángeles Mondragón enfrentan nuevas amenazas mientras esperan justicia en el caso del crimen de Ernesto Rábago Martínez.

El 21 de febrero, un juez de lo penal emitió una sentencia que obliga al presunto autor material del asesinato, Carlos Torres, a restituir tierras y una casa de las que se adueñó indebidamente en el ejido de Baqueachi. Pero, no se le investigó ni se le hizo ningún cargo por la muerte de Rábago Martínez, y fue liberado la semana antepasada.