Para evitar más tragedias y contribuir a la competitividad, el sector patronal exigió al Gobierno del Distrito Federal reordenar el transporte público mediante la eliminación de las concesiones individuales y la apertura del sector a la operación de empresas legalmente constituidas para fomentar la certeza jurídica y la competencia.

De esta manera, señaló el presidente de la Coparmex-DF, Fernando González, se acabarían los liderazgos, se capacitaría a los conductores y contarían con mejores condiciones laborales, pues en la actualidad algunos manejan hasta 16 horas diarias, con el riesgo que implica para su integridad y la de los usuarios, y se mejoraría el parque vehicular, que está en malas condiciones, con lo que se disminuiría la posibilidad de accidentes.

La puesta en marcha de corredores de transporte, además, erradicaría la deleznable práctica de la competencia por pasaje que a diario sufren los usuarios del transporte público y que tantos accidentes ha provocado, pues la empresa encargada del mismo, que debería funcionar como pública, garantizaría el ingreso de los concesionarios, consideró.

El representante del sector patronal comentó que desde hace unas semanas unidades de transporte público se han visto involucrados en accidentes, lo cual refleja una extraña dualidad, pues por un lado se avanza a pasos agigantados hacia un sistema de transporte público moderno, sustentable y de alta tecnología, como el Metro y el Metrobús, y por otro, millones de capitalinos viajan a diario en rutas con unidades deplorables.

A ello se suma que en muchas ocasiones son conducidas por menores de edad, sin capacitación, con muy pobres niveles de atención, lo que pone en grave riesgo la integridad del usuario y peatones, lo cual no se puede permitir en una ciudad de vanguardia, aun cuando el problema del transporte ha sido provocado por la falta de inversión, pues no existen garantías jurídicas, ni un marco regulatorio que proteja a las empresas que decidan apostar por este sector, explicó.

De ahí la importancia de actuar, pues los ciudadanos no podemos saber de manera real cuántos de estos transportistas han renovado tarjetón o si están capacitados para realizar tan importante labor, a lo que se suma la falta de un compromiso real de la autoridad por hacer que estos operadores cumplan con la ley, indicó.

Por otra parte, más de 200 concesionarios y operadores de microbuses se manifestaron frente a las instalaciones del Instituto de Verificación Administrativa (Invea-DF) por la aplicación de multas hasta de 30 mil pesos, cuando las unidades están en buenas condiciones y tienen su documentación en regla, señalaron.