La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó resolver un amparo en el que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) solicita a un juzgado especializado en medidas cautelares la ampliación de 90 a 180 días para espiar (escuchar) conversaciones telefónicas privadas de un líder del cártel del Golfo.

Esto, porque hace unos días se desató un escándalo en la SCJN, cuando en la lista de consulta de expedientes se publicó el nombre del sujeto que estaba bajo vigilancia (Mario Ramírez Treviño, El X 20 o Mario Pelón), lo que motivó que el máximo tribunal decidiera revisar su política en materia de transparencia y acceso a la información.

Trascendió que cuando el Cisen se dio cuenta de la pifia cometida por la oficialía de partes de la Corte, reclamó a funcionarios del máximo tribunal la falta de sensibilidad en un tema tan delicado, que tiene que ver con la delincuencia organizada.

El asunto en cuestión era la facultad de atracción 10/2012, la cual fue rechazada el pasado miércoles por los ministros de la primera sala, en total sigilo, ya que en la lista de asuntos por resolver no apareció ningún dato que permitiera identificarlo.

La solicitud de ejercer la facultad de atracción se originó el 6 de enero pasado, cuando el Cisen solicitó al juzgado federal autorización para intervenir el teléfono Nextel del sujeto mencionado, con base en la Ley de Seguridad Nacional, que prevé secreto total en los casos de este tipo, en los que la información recabada no es utilizada en juicios penales ni queda constancia escrita sobre su destino.

La autorización concedida fue por 90 días, y cuando el Cisen quiso ampliarla recibió una negativa, razón por la cual Jaime López Buitrón, director del organismo, interpuso un recurso de revisión ante el sexto tribunal unitario en materia penal, y al mismo tiempo pidió al juez que enviara el caso a la Corte, dada la trascendencia.

El miércoles pasado, los ministros rechazaron ejercer su facultad para analizar el marco jurídico que regula la intervención de llamadas privadas con base en la Ley de Seguridad Nacional.

Después del incidente con el Cisen, la dirección de comunicación social de la SCJN recibió la orden de suprimir de las versiones electrónicas de estrados, listas para pleno y salas los datos personales de todos los demandantes, incluso de empresas y organizaciones, cuando antes sólo se reservaban los nombres de menores de edad involucrados en juicios familiares y divorcios.

Además, a partir del lunes pasado las versiones estenográficas de las sesiones públicas también son rasuradasy les quitan los nombres de personas o empresas que ordenan los ministros en el pleno, a pesar de que dichas sesiones son transmitidas en vivo vía Internet y televisión de paga.