La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra México por el caso del llamado Campo Algodonero –que involucra la falta de acción gubernamental en el asesinato de ocho mujeres en Ciudad Juárez en 2001–, se ha cumplido únicamente en sus aspectos más superficiales, pero en aquellos que involucran el acceso real de las víctimas a la justicia, incluyendo el castigo de los responsables del crimen, sigue habiendo una actitud de simulación e indolencia, afirmaron activistas de derechos humanos.

David Peña, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), recordó que a principios de 2012 un grupo de colectivos cercano al caso elaboró un informe sobre el nivel de cumplimiento de las autoridades a la resolución de la justicia interamericana –dos años después de que ésta fuera dada a conocer– y llegó a la conclusión de que se trata de una actuación parcial e insuficiente.

“Sí publicó la sentencia, aunque falta que se haga en el portal del gobierno de Chihuahua, y ya se entregaron las indemnizaciones económicas, pero en la parte de la justicia, la sanción a los responsables de los feminicidios, no se ha avanzado nada, porque ningún funcionario ha sido sancionado hasta ahora”, lamentó.

Uno de los hechos más preocupantes al respecto –dijo– es que las autoridades estatales, con total cerrazón, ya informaron que no van a redirigir el sentido de sus investigaciones, aunque la CIDH ya les haya advertido que fueron mal integradas y no tienen perspectiva de género.

También sigue pendiente la creación del banco de datos de mujeres y niñas desaparecidas. Han realizado una serie de acciones legales sin consultar a las víctimas ni a las organizaciones sociales. Es un cumplimiento deficiente y parcial, y en el caso del gobierno de Chihuahua, hay total indolencia. Ya ni siquiera cuida las formas, deploró.

En tanto, Karla Michel Salas, abogada de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, coincidió en que el Estado mexicano sólo ha puesto en marcha una política de simulación, en la cual las autoridades destacan que ya ofrecieron una disculpa pública a los familiares de las víctimas –el 7 de noviembre de 2011, en Ciudad Juárez–, aun cuando a dicho acto sólo asistieron funcionarios de segundo nivel.

Todo el proceso de cumplimiento de la sentencia debería ser público, para que nos demos cuenta de lo que están haciendo, pero la política gubernamental de poca transparencia nos demuestra que, en realidad, en todo momento han pretendido minimizar la violencia contra las mujeres, aseveró.