Avanzan en el Senado los trabajos sobre la Ley de Atención a Víctimas del Delito y las modificaciones al fuero militar, temas sobre los que existe el compromiso de los grupos parlamentarios de aprobarlos en este periodo de sesiones, el cual concluirá el 30 de abril.

El vicepresidente del Senado, Francisco Arroyo, comentó que los legisladores tienen la intención de sacar ambas iniciativas lo más pronto posible, así como las demás pendientes en materia de justicia penal y combate al crimen organizado, pero se mantendrán atentos a que las nuevas disposiciones no vulneren los derechos humanos.

Tenemos que estar al pendiente en este cierre de sexenio, recalcó. Hizo notar que en los más de cinco años del actual gobierno federal han tenido que modificar a fondo iniciativas del presidente Felipe Calderón que proponían normas que pasaban por encima de los derechos consagrados en la Constitución política.

Por lo que respecta a la Ley de Atención a Víctimas del Delito, ordenamiento que el Congreso prometió públicamente aprobar al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad –hace casi un año–, se prepara un dictamen con base en cinco iniciativas de ley, una de ellas presentada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todas giran alrededor de la legislación colombiana en la materia.

El presidente de la Comisión de Gobernación, el priísta Jesús Murillo Karam, declaró que el dictamen recogerá lo mejor de cada iniciativa, entre las que se encuentra la del Partido de la Revolución Democrática, presentada en el periodo de sesiones anterior; la Ley General de Víctimas, elaborada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales; la del panista Felipe González, y una cuya autoría no se conoce.

Hay versiones de que Calderón Hinojosa hará llegar su iniciativa en los días próximos, lo cual retrasaría la elaboración del dictamen. Tanto la propuesta de la UNAM como las otras, que se han elaborado en distintos espacios académicos y de la sociedad civil, tienen como matriz la Ley 1448 de Colombia –publicada el 10 de junio de 2011–, en la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral de daños a víctimas del conflicto armado en ese país sudamericano.

La única que plantea ser una norma para la atención de víctimas del combate al crimen organizado es la del autor desconocido. Todas regulan derechos de las víctimas y sólo el proyecto de la UNAM expone obligaciones; por ejemplo, conducirse con veracidad sobre el daño sufrido, acudir a rehabilitación y proporcionar datos suficientes para integrar un registro nacional.

Por lo que concierne a las modificaciones al Código de Justicia Militar, las comisiones dictaminadoras están por presentar un proyecto que modifica de forma importante la iniciativa que entregó Felipe Calderón en octubre de 2010. El jefe del Ejecutivo hizo llegar la propuesta para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Rosendo Radilla.

Luego de negociaciones con la cúpula de las fuerzas armadas, el grupo que encabeza Murillo Karam tiene ya una propuesta que permite juzgar en tribunales del fuero común a los militares que cometan delitos contra civiles, pero en salas especializadas y con la salvedad de que en caso de pena privativa de la libertad ésta se cumpla en penitenciarías castrenses.

Al periodo de sesiones, último de la legislatura, le restan 16 sesiones. También están pendientes dos iniciativas de Calderón, una de ellas sobre lo que se ha llamado cadenas delictivas, que impulsa el PAN luego de que a finales de enero el Ejecutivo pidió a su bancada hacer un último intento para que fueran aprobadas.

PRI y PRD están en contra de ambas propuestas, pero el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González, organizó un foro, que se llevará a cabo el martes próximo, en torno a esa controvertida propuesta del mandatario federal.