El constitucionalista Jorge Carpizo MacGregor se define como defensor de la libertad de expresión, siempre y cuando no se use como pretexto para calumniar y mentir.

Por ello, subraya que la demanda por daño moral que interpuso contra Anabel Hernández y la editorial Random House Mondadori, ante las afirmaciones falsas sobre su persona que se hacen en el libro Los señores del narco, de autoría de la periodista, tiene por objetivo apoyar las verdaderas investigaciones periodísticas, aquellas que documentan y dan pruebas de lo publicado.

En entrevista con La Jornada, el investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Sistema Nacional de Investigadores detalla algunos de los hechos ocurridos entre 1993 y 1994, cuando fue procurador general de la República y –dice–, gracias a los trabajos de la fiscalía y la colaboración de muchos sectores, se logró la captura de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, sin un solo disparo.

Al analizar la respuesta que dio la editorial a la demanda, Carpizo sostiene que detrás de los señalamientos en su contra está El Yunque y otros sectores cuyos intereses se vieron afectados durante su gestión en la Procuraduría General de la República (PGR).

Tras meditarlo un tiempo, en enero el ex rector de la UNAM presentó la querella ante un juzgado civil del Distrito Federal, relacionada con algunos pasajes del libro en los que se insinúa que actuó de manera negligente en casos relacionados con el narcotráfico.

La señora Hernández dice que hizo una investigación periodística de cinco años, pero no cita ninguno de los documentos oficiales de la PGR, que son muy fáciles de conseguir. Pensé que no era posible no defender mis derechos, porque me imputa posibles delitos. Estoy en favor de las investigaciones periodísticas, son indispensables en cualquier sistema democrático, pero que realmente estén basadas en fuentes, no en insinuaciones.

Hasta ahora sólo la casa editorial ha contestado a su demanda, pues las dos ocasiones en que se ha intentado notificar a la periodista las autoridades han encontrado que no vive donde se le ha buscado.

En la respuesta de la editorial varios puntos llaman la atención de Carpizo: el libro en referencia cambió de nombre con fines de lucro, lo que se infiere en la cláusula novena del contrato de edición; otro aspecto interesante es que existe una cláusula que dice que ante posibles denuncias por declaraciones difamatorias Hernández es la única responsable. Esto quiere decir que desde el principio sabían la existencia de difamaciones.

Jorge Carpizo MacGregor se define defensor de la libertad de expresión, pero que no se use como pretexto para calumniarFoto Cristina Rodríguez

El investigador destaca que la editorial dice que presentará como uno de sus testigos a José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Es uno de los principales abogados del Yunque, de la extrema derecha, con quien todo México sabe que he tenido grandes controversias. Me acusó ante la PGR de la comisión de posibles delitos, señalamiento del que quedé absuelto totalmente. Quiere decir que detrás de la editorial y de la autora hay intereses, cuando menos veo al Yunque con ellos. En este juicio saldrán muchas cosas y qué bueno que así sea, y deseo que gane la libertad de expresión y la verdadera investigación periodística.

El ex procurador desmiente que Hernández sólo lo mencione en tres renglones, como recientemente lo declaró en entrevista radiofónica.

“Insinúa que pude haberme quedado con el dinero de la recompensa por la captura de El Chapo Guzmán que correspondía a México (también se repartió con personas en Guatemala y El Salvador). Entonces (junio de 1993) la PGR emitió un comunicado oficial en el que se detalló cuánto correspondió a cada nación, pero por protección no se dieron los nombres de las personas.”

Otro pasaje que destaca es la referencia a Guillermo González Calderoni, ex comandante de la policía judicial federal. Ella hace una defensa de este gángster, a quien consigné en dos ocasiones y terminé con su grupo, que tenía una gran influencia en la PGR y ligado al narcotráfico.

También desmiente que –como se dice– haya ordenado desaparecer dos expedientes en la PGR, uno relacionado con algunos asesinatos en Iguala, Guerrero, y otro sobre los empresarios Vázquez Raña, quienes supuestamente prestaban su hangar en el aeropuerto de la ciudad de México a narcotraficantes.

“Otra cosa interesante en la respuesta de la editorial es que aporta como una prueba de esta calumnia el libro de Jorge Carrillo Olea llamado México en riesgo. Quiero destacar que del episodio que cuenta Carrillo Olea, nadie puede de buena fe deducir que él diga o insinúe que yo me pude haber quedado con el dinero (de la recompensa). Sólo con una imnensa mala fe esto es posible. Pero además esta obra se publicó después que la de Hernández. ¿Quién está detrás de esto? Pienso que El Yunque, pero estoy convencido de que hay intereses de muchos de los intocables contra quienes ejercí acción penal cuando fui procurador.”