Organizaciones campesinas advirtieron que 6 millones de toneladas de granos básicos dejarán de producirse en el ciclo primavera-verano debido a que las presas en el norte del país están a 20 por ciento de su capacidad y al burocratismo en la entrega de los recursos de diversos programas productivos. Apremiaron al gobierno a aplicar un programa emergente de producción, al cual puede inyectar 2 mil millones de dólares.

Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), expuso que con voluntad política el gobierno puede dejar de gastar 2 mil millones de dólares en las importaciones de 5 millones de toneladas de granos, principalmente de maíz, y canalizar ese dinero para apoyar a 5 millones de productores medianos y pequeños, quienes tienen todo el potencial para que el país recupere su soberanía alimentaria.

El año pasado se perdió 55 por ciento de las siembras de maíz y frijol como resultado de las sequías y heladas en el norte del país, y en éste por falta de semilla de maíz y frijol dejarán de sembrarse 400 mil hectáreas de riego. “Estamos ante una catástrofe agroalimentaria, pues se conjugaron los fenómenos climatológicos con las políticas de abandono del campo. En el campo corre la versión de que cayó la salación por el empecinamiento de (Felipe) Calderón de llegar a la Presidencia de la República haiga como haiga sido.

No hay reservas públicas de alimentos; en el mercado internacional hay bajas reservas y la consecuencia es que la población sufre por la elevación de los precios, está aumentando el hambre en las familias y, según reportes del Unicef, miles de niños mueren cada año producto de enfermedades vinculadas con la desnutrición, dijo en entrevista.

Sostuvo que 85 por ciento de las pequeñas y medianas unidades de producción, a las cuales el gobierno las ha considerado sólo sujetas de programas asistencialistas, pueden ser altamente productivas si se les otorga el financiamiento y apoyo tecnológico adecuados. El país tiene todo el potencial para producir sus propios alimentos, la posibilidad de generar empleos e ingresos para garantizar el derecho constitucional a la alimentación, pero para eso requiere voluntad política, cambiar de modelo agroalimentario y de políticas para el sector.

Gerardo Sánchez, dirigente de la Confederación Nacional Campesina, comentó que la actividad del sector agropecuario cayó en menos 4.4 por ciento de noviembre de 2010 a la fecha y que, al igual que el año pasado, dejarán de producirse 6 millones de toneladas de granos básicos. México se ubicó entre los países que más redujeron su producción de granos el año pasado, con un retroceso sólo superado por Etiopía y Sudáfrica. Este año se corre el riesgo de que se pierda el ciclo agrícola primavera-verano por sequía.

Consideró que las importaciones agropecuarias aumentarán si no hay un cambio en la política hacia el campo; el año pasado se elevaron en 43 por ciento respecto de 2010, lo cual refleja la alta vulnerabilidad del sector primario y la grave dependencia alimentaria del exterior.

Marco Antonio Ortiz, dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, expuso que “41 por ciento de los 12 millones de indígenas tienen carencias de alimentación. Sólo entre 2008 y 2010, 52 millones de personas, la mayoría del sector rural, cayeron en pobreza; el desempleo afecta a más de 20 por ciento de dicha población y, de continuar la actual política, se estima que 15 millones de personas económicamente activas no tengan empleo.

Para el dirigente campesino, el gobierno de Felipe Calderón sumió en mayor desgracia a las comunidades rurales.