Reikiavik, 5 de marzo. Islandia inició hoy un juicio contra el ex primer ministro Geir Haarde, por no impedir un desastre financiero en este país noreuropeo en 2008, al inicio de la crisis mundial desatada ese año. Es el primero y único proceso judicial que se realiza en el mundo contra un líder político por su presunta responsabilidad en el deterioro de las finanzas locales.

Los tres mayores bancos de Islandia colapsaron a finales de 2008, tras años de expansión impulsada mediante la contratación descontrolada de deuda pública y privada, lo que también ha ocurrido en países como España y Grecia, ahora sometidos a rigurosos planes de ajuste del gasto gubernamental.

El país, de apenas 320 mil habitantes, se vio obligado a pedir prestados 10 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros prestamistas para eludir la debacle financiera hace tres años.

El Parlamento aprobó en 2010 procesar a Haarde por la crisis, en un tribunal político especial creado en 1905 y que nunca se había utilizado.

El ex primer ministro ha negado los cargos. Ninguno de nosotros estaba consciente entonces de que había algo sospechoso en el sistema bancario, como ahora parece que era el caso, dijo Haarde al tribunal en el interrogatorio preliminar del fiscal especial que investiga delitos relacionados con la crisis.

Muchos islandeses culpan de la crisis a un pequeño grupo de empresarios, banqueros y políticos estrechamente relacionados. A Haarde se le acusa de negligencia por no tomar medidas adecuadas para preparar al país ante un inminente desastre financiero y por no controlar a los bancos.

Haarde, quien fue primer ministro desde 2006 hasta principios de 2009, se enfrenta a dos años de prisión si se le declara culpable.

Los mayores bancos islandeses fueron nacionalizados a finales de 2008, después de que la crisis de crédito provocada por la caída de Lehman Brothers congeló su acceso a fondos. Islandia garantizó las operaciones nacionales de los bancos y dejó que sus operaciones internacionales cayeran en bancarrota.

La economía nacional cayó en picada y el país se vio obligado a imponer controles de capital para apuntalar el valor de su moneda, la corona.