a participación del crimen organizado en la política mexicana ha dejado de ser tabú. Lo que anteriormente era conocido como secreto a voces ha sido reconocido abiertamente por funcionarios del gobierno federal en los últimos meses. En julio del año pasado, el entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake, señaló a los representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que el crimen organizado logró expandirse por omisiones de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, omisiones que han ocurrido en el pasado y que, desafortunadamente, siguen ocurriendo.

El propio presidente Felipe Calderón aseguró el pasado 7 de diciembre que existen pruebas de la intromisión del crimen organizado en las elecciones de Michoacán. Consideró que la publicación de un desplegado en un diario de La Piedad, en el que se amenazó a los michoacanos para que no votaran por el PAN, era la prueba más palmaria y eficiente de que el narcotráfico se involucró en los comicios michoacanos, y destacó que esa amenaza no era sólo para Michoacán, sino para todo el país. Por otra parte, el actual secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, reconoció el pasado 14 de febrero, al inaugurar el foro “Drogas: balance a un siglo desde su prohibición que el crimen organizado ha infiltrado los tres niveles de gobierno.

En este contexto, el pasado martes, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, declaró a la prensa, en el marco de la reunión de ministros de relaciones exteriores del G-20, que su gobierno está ayudando a las autoridades mexicanas a perseguir penalmente a funcionarios de este país involucrados en actos de corrupción y narcotráfico.

Aunado a ello, manifestó que el combate a la infiltración que ha alcanzado el narco en ciertos niveles de gobierno es materia de política bilateral, y no responsabilidad exclusiva de nuestro país: En el intento de colaborar de la manera más completa posible, Estados Unidos hace un gran esfuerzo en su lado de la frontera para identificar y detener a funcionarios corruptos. Pero también estamos ayudando a México para que las autoridades puedan identificar la corrupción de este lado. Es totalmente inaceptable que haya funcionarios que lucren como resultado de esta violencia que está generando tanto sufrimiento a la gente en México.

Existe una preocupación real respecto de la participación del crimen organizado en las contiendas políticas, ya que se encuentra activo participando en las campañas de diversos partidos políticos. A ese respecto, se están llevando a cabo una serie de investigaciones en el contexto bilateral, a partir de información de inteligencia, de testigos protegidos y de datos que se han obtenido como resultado de las detenciones y aseguramiento de computadoras, libros de registro, bitácoras de operaciones y de relaciones de pagos por protección a algunos servidores públicos por algunos capos en México.

El 29 julio de 2010, cuando se llevó a cabo el operativo en que fue abatido el narcotraficante Ignacio Coronel, fue encontrada una laptop que presuntamente contiene vasta información sobre la red de complicidades que permitió operar sin problemas al capo en Jalisco. Aunado a ello, en las declaraciones de su lugarteniente, Hiram Gastélum Quiñonez se señalaban supuestas conexiones políticas de Coronel con el Partido Acción Nacional.

Además, las ejecuciones de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, y Antonio Cárdenas Guillén, Tony Tormenta; las detenciones de Sergio Villarreal, El Grande –quien se convirtió en testigo protegido de la PGR y colaborador en la Operación Limpieza de la propia procuraduría–, Édgar Valdez, La Barbie –presunto testigo protegido de la DEA–, y las extradiciones de Osiel Cárdenas Guillén y de Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo –quien se convirtió en informante de la DEA, según documentos presentados ante una corte en Chicago– han posibilitado a las agencias estadunidenses obtener valiosa información que ha fortalecido las acciones en la lucha contra el narcotráfico.

En este contexto, la presencia del narcotráfico en la política mexicana es real, así como lo es la relación de coordinación entre los gobiernos de México y Estados Unidos a efecto de procesar a los actores políticos relacionados con el crimen organizado. Habrá que estar atentos al desarrollo de otras investigaciones en este contexto. Tamaulipas y Coahuila son casos que muestran ese trabajo conjunto que sólo precede a otras operaciones correlacionadas.

*Analista en temas de seguridad y justicia

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