La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sólo tiene documentada una recomendación de la CNDH por el delito de desaparición forzada de personas, que data de 2010 y en el que hasta la fecha no hay detenidos y mucho menos militares sentenciados por esos hechos.

De acuerdo con la información de la Sedena, Álvaro Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado fueron detenidos en el ejido Benito Juárez, municipio de San Buenaventura, Chihuahua, por un grupo de militares, quienes se los llevaron con rumbo desconocido.

En los hechos, ocurridos el 10 de enero de 2010, estuvieron involucrados soldados del 35 batallón de infantería, ubicado entonces en Nuevo Casas Grandes.

Ante la falta de resultados, la Procuraduría General de Justicia Militar declinó su competencia el 29 de diciembre de 2011 a la Procuraduría General de la República (PGR), sin que hasta la fecha haya resultados concretos sobre la indagatoria.

Cabe señalar que en las 92 recomendaciones que la CNDH ha enviado a la Sedena, los presuntos delitos cometidos por soldados van desde homicidio e inhumación clandestina de cadáveres, hasta abuso de autoridad, pero el único caso en el que se señala expresamente el delito de desaparición forzada de personas es el de la recomendación 43/2011, la cual, a pesar de que fue admitida en su momento por el alto mando del Ejército, sigue sin ser acatada.

Por otra parte, en entrevista realizada el pasado lunes antes de que la Organización de Naciones Unidas presentara un informe en que involucra a soldados en desapariciones forzadas ocurridas en México con motivo de la guerra sucia, el director general de Derechos Humanos de la Sedena, general brigadier Rafael Cázares Ayala, sostuvo que desde 2000 y en la actual administración, los titulares de la Defensa Nacional (Ricardo Clemente Vega García y Guillermo Galván Galván, respectivamente) se han preocupado en todo momento por erradicar las violaciones a los derechos humanos en las diversas actividades que en este momento realiza el personal del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos en apoyo a la seguridad pública.

Agregó que la Sedena cuenta con unidades y células jurídicas en las diversas dependencias que integran la secretaría, además de las que están ubicadas en regiones, zonas, guarniciones y cuarteles militares.

Lo que se busca, destacó, es tratar de armonizar la legislación sobre derechos humanos en el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos, para lo cual todos los elementos llevan consigo una cartilla en la materia que se aplica en todo momento.

Prueba de este esfuerzo, subrayó, es que la Dirección General de Derechos Humanos recibió la certificación de la NOM para la igualdad laboral entre hombres y mujeres, reconocimiento que les será entregado el próximo 8 de marzo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Dijo que la cantidad mínima para obtener esa certificación era de 190 puntos y la máxima 270, y se alcanzaron 257. Este logro, subrayó, refleja el hecho de que el Ejército y la Fuerza Aérea buscan alcanzar la igualdad mediante la creación de condiciones de equidad, un trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, con seguridad, y libre de toda discriminación que permita la corresponsabilidad entre la vida laboral y familiar entre sus miembros.