Amenazas o extorsión, robo de bienes patrimoniales o con violencia, amenazas de artefactos explosivos, asalto en transporte en prácticas de campo o en perímetros exteriores de los campus, así como el consumo de drogas, son las principales incidencias delictivas que reportan universidades públicas y privadas del país.

Al clasificarlas en tres niveles de peligrosidad, en un inventario de incidentes, los ataques considerados como muy graves incluyen: abuso sexual, asalto o detención de transporte en prácticas de campo, robo con violencia, ataque informático, atropellamiento, accidente con personas lesionadas, consumo de drogas en vía pública, enfrentamiento con armas de fuego, estallamiento de artefactos explosivos, homicidio, portación de armas, secuestro y toma de rehenes.

De acuerdo con el informe La seguridad en instituciones de educación superior. Estado actual y recomendaciones, elaborado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), en los perímetros de las universidades los principales delitos son asalto con violencia, extorsión, intentos de violación o ataques sexuales, riñas y consumo de alcohol, mientras que al interior de los campus se generan robos de carteras o celulares, daño al patrimonio de la institución, robo de vehículos o autopartes, así como casos de violencia en el noviazgo, a través de intimidación o amenazas en redes sociales.

En cuanto a los servicios de seguridad, los resultados revelan que 66 por ciento de las instituciones de educación superior cuenta con servicios de seguridad privada, mientras que en 31 por ciento es personal propio. Sin embargo, se carece de esquemas para reportar, denunciar y dar seguimiento a los ilícitos que afectan a la comunidad universitaria.

De hecho, casi siete de cada 10 instituciones de educación superior no cuentan con ningún protocolo de colaboración para atención de la seguridad con autoridades gubernamentales, ya sea locales, estatales o federales, mientras que 60.6 por ciento de las universidades en que se realizaron encuestas no tienen un plan o programa de seguridad.

La región centro-sur del país concentra al mayor número de instituciones de educación superior que no cuentan con reglamentación en materia de seguridad, principalmente en Guerrero, Hidalgo, estado de México, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

En contraste, en la zona noroeste y el valle de México casi ocho de cada 10 universidades cuentan con esquemas de seguridad o están en proceso de elaboración de los mismos, y se localizan en Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, así como el Distrito Federal y sus áreas conurbadas.

En cuanto a infraestructura y equipamiento de seguridad, 20 por ciento de las universidades del país no cuenta con bardas perimetrales ni puertas de acceso. Al menos un 70 por ciento de las casas de estudio carecen de unidades móviles de respuesta, ya sea autos, motocicletas o bicicletas, mientras que sólo 29.4 por ciento tiene botones de emergencia.

El documento de 229 cuartillas, elaborado por la Anuies a partir de un cuestionario, consulta de documentos y entrevistas a rectores y funcionarios de 109 universidades públicas y privadas, tuvo como objetivo dar a conocer el tipo, periodicidad, modus operandi y lugar en que ocurren los principales hechos delictivos que afectan a las comunidades educativas del país –que involucra a poco más de 3 millones de alumnos, además de docentes y trabajadores administrativos–, así como las condiciones reales de seguridad que enfrentan las instituciones de educación superior e impulsar lineamientos para la atención de temas estratégicos en la materia.