La política ambiental mexicana requiere una modificación a fondo, como única vía para contrarrestar la explotación descontrolada e ilegal de recursos natura- les, advirtieron especialistas en la materia.

En el arranque de las mesas temáticas Diálogos por la regeneración de México, una decena de académicos e investigadores de larga trayectoria coincidieron en que si bien es útil aprovechar la coyuntura política para exigir un cambio, también es momento de fortalecer las redes civiles de quienes pugnan por un desarrollo sustentable y suelen ser los más afectados por la sobrexplotación del medio ambiente.

Se requiere dar un paso adelante de lo que ha sido un letargo del movimiento ambientalista en nuestro país, advirtió Víctor Toledo, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de diversas instituciones del extranjero, especializado en ecología y cultura.

Las cifras presentadas ayer en la mesa Los grandes problemas nacionales –primera de 11 mesas temáticas del encuentro– revelaron la crisis y la situación ambiental trágica derivada de la explotación indiscriminada, hoy día con énfasis en la minería, actividad que repercute –como otras– en efectos negativos de todo tipo para la mayoría de la población.

Los especialistas –todos ellos galardonados por diversas instancias– alertaron especialmente sobre los riesgos para la economía y el medio ambiente derivados de la concesión de grandes extensiones para la explotación de minerales.

La problemática –señalaron– redunda en que dicha actividad tiende a ocurrir a cielo abierto y se practica con métodos dañinos para el subsuelo, al tiempo que crece la compra –a campesinos y ejidatarios– de tierras de alto valor.

Claudia Sheinbaum, doctora en ingeniería energética por la UNAM, investigadora de la máxima casa de estudios y ex secretaria de Medio Ambiente del gobierno capitalino, aseveró que la concesión a los empresarios mineros alcanza ya 40 por ciento del territorio nacional.

En la segunda parte de la mesa Medio Ambiente, Eckart Boege, antropólogo y etnólogo, especializado en temas indígenas, dijo que al menos 26 por ciento del territorio se encuentra en calidad de explotación minera, es decir, una cuarta parte del país sigue concesionada a unos 300 empresarios, la mayoría canadienses.

Por ello –advirtió–, urge una reforma a la ley del ramo. Actualmente, para obtener una mínima cantidad de oro se requiere mover millones de toneladas de tierra con tecnologías muy agresivas.

Estamos realmente sufriendo las consecuencias de los cambios al artículo 27 (relativo a la propiedad del Estado sobre los recursos naturales), dijo.

Se han otorgado concesiones y permisos de explotación minera, violando leyes, reglamentos y procedimientos jurídicos, añadió Sheinbaum.

En México, el tema ambiental se ha convertido en adorno para el discurso oficial, en especial si está dirigido a la comunidad internacional. La política en la materia se limita a algunas medidas aisladas que, comparadas con las grandes inversiones devastadoras y la inercia del territorio, se desvanecen, resaltó.

Los especialistas propusieron la transformación de las entidades públicas que tienen la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las normas ambientales, entre otros puntos.

Los números son contundentes, incluso si se concede certeza a las cifras oficiales, destacaron.

De acuerdo con las Cuentas económicas y ecológicas de México, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (periodo 2005-2009, último reportado), el agotamiento de los recursos naturales y la degradación del ambiente cuestan a México cada año 8 por ciento del producto interno bruto.

Enrique Provencio, profesor de Economía Ambiental y Ecológica de la UNAM, ex funcionario y ahora consultor, dijo que el actual proceso de descomposición ecológica resta capacidad productiva y aumenta los niveles de pobreza.

No tenemos una visión ambiental y de sustentabilidad a largo plazo; existe la percepción de que estamos enfrentados ante un reto enorme no sólo de abastecimiento de recursos para el desarrollo, sino sobre todo de afectación a la condición humana, dijo.

En seguida tomaron la palabra otros investigadores y activistas, como Alejandro Villamar, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, quien detalló algunos de los defectos del modelo extractivo, como el envenenamiento del agua y la deforestación, situación que demanda un urgente cambio de dirección. Coincido en que no se pueden dar mejorales ante una metástasis, expresó.

Luego vino la ponencia de Elena Álvarez-Buyllá, relativa a los agrotóxicos y el aumento en el uso de los plaguicidas y sus consecuentes riesgos a la salud.

También sobre este tema, Fernando Bejarano, sociólogo y especialista en el impacto ambiental de plaguicidas y otros tóxicos, alertó: “somos conejillos de indias en un régimen regulatorio que tolera riesgos sin consultar a la población afectada”.

En la mesa de este martes participaron los investigadores Carlos Toledo, Hilda Salazar y Gonzalo Chapela.

Cada martes, durante 11 semanas, especialistas en igual número de temas hablarán de lo que se consideran ejes para entender la realidad nacional actual y las propuestas de solución.

La convocatoria es del Movimiento Regeneración Nacional y la Fundación Equipo, Equidad y Progreso. La sede de todas las mesas será el Club de Periodistas, en Filomeno Mata 8, Centro Histórico.

Los organizadores pusieron a disposición diversos enlaces electrónicos: grandesproblemas.org.mx; en Twitter @grandesproblema y, en Facebook: grandesproblemasnacionales.