Una red de complicidades persiste en la Secretaría de Gobernación (SG) para afectar aún más a los trabajadores que han sido despedidos en años recientes.

Las irregularidades y conflictos laborales se ponen de manifiesto con los oficios en que, por ejemplo, la subdirección de Relaciones Laborales responde a un trabajador al que no le ha sido notificada la baja. Cuando el afectado pide una coordinación administrativa al respecto, por lo menos para obtener los documentos necesarios para cobrar finiquitos y ahorros personales, ambas instancias se enredan en un galimatías que deja en la indefensión a quien de por sí ya resultó afectado con un despido injustificado, a decir de las denuncias correspondientes.

Así, las unidades, direcciones y subdirecciones de la dependencia encabezada por Alejandro Poiré extienden documentos sin resoluciones: tras una búsqueda exhaustiva tanto en los archivos [de] la dirección general de recursos humanos, así como las documentales que conforman su expediente personal, no se pudo constatar que usted haya causado baja definitiva de esta dependencia, responden a Omar González, ex integrante de la subsecretaría de Asuntos Jurídicos.

Sin embargo, cuando los trabajadores piden la aclaración sobre la suspensión del salario, Gobernación responde que no existen tales documentos (aunque en realidad el empleado haya sido corrido incluso con el uso de la fuerza policial y su sueldo suspendido de inmediato).

La semana pasada se informó en estas páginas del despido del director general de Recursos Materiales y Servicios, Jorge Ramos Negrete, parte fundamental de la Oficialía Mayor, donde se manejan este año recursos por más de 23 mil millones de pesos.

Las acusaciones contra Ramos y otros funcionarios llegaron de inmediato: El verdugo es ahora la víctima, aseveró Mónica Gómez, ex subdirectora de Transportes y Talleres de la SG, con 25 años de antigüedad en la administración pública, despedida el 22 de diciembre de 2010.

Desde hace casi 15 meses ha recorrido, como muchos cesados, el entramado burocrático en busca de su hoja de baja.

Relató que el 22 de diciembre fue citada a la sala de juntas de la oficina encabezada por Ramos: “me llamaron supuestamente para que les hablara de mi situación profesional; les respondí que desconocía a qué se referían. Me informaron que necesitaban mi plaza. Tras leer la renuncia les dije que no la iba a firmar y me mostraron un documento en el que se leía que me ‘cesaban’ por pérdida de confianza y faltas reiteradas al servicio profesional”.