El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Max Diener Salas, reconoció que hasta el momento no hay un fondo para resarcir el daño a las víctimas de la violencia.

En este sentido se está trabajando en el Congreso de la Unión, en el marco institucional. Lo que es muy importante entender es que tenemos ya una reforma muy importante en la parte de la Constitución y ésta a su vez va a derivar en una serie de legislación (sic) que justamente va a fortalecer que el Estado tenga la capacidad, en los casos que sea el responsable, de poder responder, dijo el funcionario.

Admitió también que el Ejecutivo tendrá que perfeccionar su base de datos para detallar cada uno de los casos de desaparecidos, en el contexto de los trabajos legislativos que se aprueben en la materia.

Este (trabajo del Senado) es un esfuerzo complementario; efectivamente ya se está construyendo una base de datos y obviamente esto va a venir a complementar el marco institucional; entonces son esfuerzos que van en la misma dirección. Es un banco institucional como tal; es un registro de información institucional que tendrá el país, dijo el subsecretario Diener.

En tanto, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández, consideró que es necesario que también se tipifique la desaparición forzada en las procuradurías locales. Imagínese una malla para pescar que tiene los nudos demasiado abiertos; entonces, los peces se van a pasar por el enmallado; así, si estamos buscando peces chicos, éstos nunca serán capturados, expresó.

Al término de la presentación del libro titulado ¿Cómo medir la violencia contra las mujeres en México?, el representante de la ONU mencionó que cada familia que tiene una víctima mueve cielo y tierra para encontrar a su ser querido.

Es decir, las denuncias están puestas pero no hay un sistema integrado nacionalmente. No lo tenemos porque las familias no están preparadas para una desgracia tan grande como una desaparición forzada, señaló.

Esta agresión no ocurre sólo en perjuicio de los movimientos sociales, sino contra los ciudadanos comunes; entonces, “estas personas hacen el recorrido del dolor en morgues, en procuradurías, en cuarteles, en iglesias, estaciones de autobús. Las familias no dejan que sus desaparecidos sean un dato perdido, pero la información al respecto está puesta en tal variedad de instancias que no hay datos cruzados.

El segundo problema es que cuando los ponen ante procuradurías no sólo se carece de acción sino que no hay una estadística específica que determine el tipo de desaparición, porque no hay esta tipificación a nivel local y aunque la haya a nivel federal no todos son absorbidos por PGR.