La aprobación de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, concretada el pasado martes en la Cámara de Senadores, representa un avance importante en el reconocimiento de dicho fenómeno, pero si sigue faltando voluntad política para juzgar a los responsables de este crimen de lesa humanidad cualquier iniciativa o legislación será insuficiente, advirtieron integrantes de organizaciones sociales especializadas en el tema.

Un activista del colectivo Hijos México, quien solicitó identificarse como Pablo, señaló que cualquier instrumento legislativo que se dirija a la atención de los casos de desaparición forzada es un signo positivo, pero en el país hay una gran cantidad de leyes y organismos dedicados a la resolución de varios problemas y no funcionan.

Medida cosmética

Esto sigue ocurriendo no por falta de instrumentos legales para evitarlo, sino por una cuestión de impunidad, corrupción y mal manejo de las autoridades, y si esto no se soluciona primero, no importa que se creen leyes nuevas, ya que éstas corren el riesgo de quedar sólo como una medida cosmética.

Una prueba de que el asunto principal no son las medidas legales, recordó, es que ya hay convenios internacionales contra la desaparición forzada, firmados y ratificados por México, lo cual bastaría para iniciar la búsqueda de las víctimas de dicho crimen y castigar a los responsables, pero nada de eso ha ocurrido, como lo demuestra el caso del luchador social Rosendo Radilla.

Julio Mata, presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, dijo que la aprobación de la citada ley es una medida importante que muchas organizaciones civiles habían exigido desde hace décadas, pero advirtió que ésta debe incorporar varias características.

Algunas de ellas, dijo, son que tome en cuenta la opinión de los familiares de los desaparecidos; permita a los parientes manejar los bienes y datos de las víctimas; obligue a los agentes del Ministerio Público a aceptar las denuncias, y sirva de base a una ley general nacional contra la desaparición forzada.