Ayutla de los Libres, Gro., 7 de marzo. Inés Fernández cuenta, por conducto de la traductora Obtilia Eugenio, que el miedo que sintió en el momento en que fue atacada sexualmente por tres soldados, hace 10 años, nunca la ha abandonado. Pero el martes no parecía una mujer asustada, cuando gesticulaba erguida, con su modesta blusa amarilla, echando en cara al secretario de Gobernación Alejandro Poiré; a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales; al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y a la institución castrense, toda la negligencia, el olvido y la violencia que el Estado ejerce contra los pueblos indios. Y cuando advertía a los niños y niñas, y a los mayores, que no le crean ni una palabra a los poderosos.

Es que el miedo también me sirve. Siempre tengo miedo de que vuelva a pasar, a mí o a otras mujeres. Por eso me decido a hablar. Pienso: hable o no hable, como quiera pasa. Por eso hablo.

Inés Fernández mostró durante el acto su estatura de líder natural, una dimensión que era reconocida en su pueblo, entre sus paisanas, pero desconocida a escala nacional. Ella lo puntualiza:

¿Porqué me atacaron a mí? Porque yo andaba organizando a mi gente. Pensaban que así yo ya no iba a denunciar, que no iba a decir nada. Al contrario, como yo era organizadora de la mujer de mi pueblo, tenía que denunciar. Y como no me quedé callada, mataron a mi hermano Lorenzo. No nos quieren libres.

–Se veía como una mujer muy fuerte al recibir la disculpa del gobierno mexicano. ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento?

–Lloré adentro de mí, por coraje, por las otras mujeres que nunca denunciaron. Lo que me pasó no se puede curar para nada, no se puede olvidar. Pero yo quiero demostrar que sí se puede denunciar, sí se puede hablar, para que ya nunca vuelva. Ayer estuve arriba, con los señores del gobierno, y eso es lo que quería decir, que todos los hijos e hijas de nosotros se den cuenta que con la lucha sí se puede decir la verdad a la cara de esos señores. Aunque uno tenga miedo.

–Les dijo en su cara que no cree en su palabra.

–Pues sí, porque hace ya tiempo que salió la sentencia (octubre de 2010) y no han hecho nada para encarcelar a los que hicieron eso conmigo. Hasta que lo hagan, no les creo.

(En el expediente, que ahora está a cargo de la PGR, figuran los nombres y retratos hablados de al menos tres soldados, uno que logró identificar Inés y dos que identificó Valentina Rosendo. Durante años la justicia militar los protegió. Ahora tendrían que ser investigados por el fuero civil. Su identidad se mantiene en reserva, por la cautela debida.)

Otra expresión de la guerra contra los indios

El caso de Inés Fernández contra el Estado mexicano lleva la lucha de los pueblos de la Costa-Montaña guerrerense a un punto de auge que tiene mucha historia.

Cuauhtémoc Ramírez, secretario de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), de profunda raigambre, explica que los agravios de las comunidades de esta región suman enormes alteros de expedientes no resueltos, de hechos de violencia continua e impune que hoy se mezclan con la que ejerce el crimen organizado.

El dirigente ofrece el contexto histórico de lo que se vivió ayer:

Aquí hay una herida muy grande en nuestra memoria. La masacre de mixtecos en El Charco; 11 ultimados en una incursión del Ejército, que pensó que eran guerrilleros reunidos en una escuela, la vimos nosotros como un plan para acabar con los pueblos indígenas de México. Por eso, cuando violan a la compañera Inés en 2002, pensamos que era la continuación de un plan de exterminio.

En los años 90 la organización regional reunía comunidades tlapanecas y mixtecas, que después, por razones de comunicación e idioma, se separaron. Su lucha contra la militarización ha sido constante. Otro caso pendiente de justicia es el de la denuncia por las vasectomás practicadas a mixtecos y tlapanecos, a finales de los años 90. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una resolución responsabilizando a la Secretaría de Salud.

Lo que me pasó no se puede curar, pero sí se puede denunciar para que ya nunca vuelva, sostiene Inés FernándezFoto Blanche Petrich

Los que se atrevieron a denunciar aún están esperando la indemnización y reparación del daño, recuerda Ramírez. “Sólo en el pueblo El Camalote fueron 15 varones me’phaa que fueron sometidos, con chantajes y engaños, a este procedimiento quirúrgico. Fueron 30 nusaavi (mixtecos) de distintas comunidades (La Fátima, Ojo de Agua, Ocotlán, La Cortina)”.

–¿Cómo reaccionó la OPIM cuando Inés fue violada?

–Creyéndole, apoyándola. Fueron tiempos de muchas amenazas de muerte, abiertas, por escrito, de muchas formas. A finales de 2004- 2005 los compañeros decidimos expulsar al Ejército de nuestras comunidades. Pero con el movimiento en Oaxaca, en 2006, nos relacionaban con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y volvieron a militarizar la zona.

Cuando la denuncia de las compañeras Inés y Valentina llegó a la Corte Interamericana bajó la presencia militar, pero apareció otra modalidad de la violencia, la delincuencia. Asaltaban en los caminos, mataban. Y nosotros pensamos que la táctica había cambiado y que si mataban a uno de nosotros se lo podían atribuir a la delincuencia común. Así ocurrió con el asesinato de Lorenzo, el hermano de Inés. Y la detención de otros compañeros. Luego el secuestro de los dos compañeros dirigentes en abril de 2008, Manuel Ponce y Raúl Lucas Lucía. En los 20 años recientes han sido asesinados cerca de 20 líderes comunitarios de la zona.

La nueva generación de tlapanecas

Inés tiene dos hijas adolescentes: Noemí, de 18 años, y Ana Luz, de 17, que viven y estudian lejos de su casa, ya que en su comunidad, Barranca Tecuani, no hay secundaria. Pronto les seguirán los menores Colosio, Nélida y Neftalí, que van a continuar el camino del estudio que su madre no conoció, ya que esta mujer, que hoy es una celebridad en el mundo del derecho humanitario internacional, jamás pisó el aula de una escuela. Ni aprendió otra lengua que la propia, el me’phaa, o tlapaneco.

Por temor a que a sus hijas les ocurra lo que a ella, puso tanto empeño en los detalles de los acuerdos que ayer firmaron con las autoridades locales para la construcción de un albergue estudiantil para jóvenes me’phaa que llegan de comunidades lejanas a estudiar a la cabecera municipal. Porque detrás de este papel hay otra realidad lacerante: las chicas que quieren seguir sus estudios y deciden vivir en Ayutla tienen que emplearse en casas como domésticas, sin salario o por unos cuantos pesos, sólo a cambio del derecho de asistir por las tardes a la secundaria. E Inés no quiere esa carga para sus hijas ni para ninguna otra muchacha indígena.

Ese 21 de marzo de 2002, en el patio de Inés y Fortunato Prisciliano, que en esa época sólo tenían tres hijos, se secaba la carne de una res tasajada. Su única vaca se había desbarrancado. Fortunato estaba fuera, en el trabajadero. Inés en la cocina, preparando agua fresca. Tres hombres entraron sin llamar, preguntando por la carne en el patio. Ella no entendía las palabras de los militares vestidos de civil. Desde la puerta vio que otros cinco empezaban a recoger los trozos de carne, a robárselos. Pero los hombres en la cocina se preparaban para robar algo más. Y la violaron brutalmente.

Los tres pequeños salieron despavoridos a casa de los abuelos a pedir ayuda. Cuando se animaron a entrar a la casa, con los suegros de Inés, ésta estaba tendida en el piso, muy lastimada.

Pero Inés no quita el dedo del renglón, por más disculpas que le haya ofrecido el Estado:

Pues sí, los militares fueron los abusadores. Pero aunque fueron guachos los que me hicieron eso a mí, ellos tenían un mando más arriba, el gobierno.