La presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), Jacqueline Peschard, indicó que con el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ninguna de las dependencias del gobierno federal (más de 250) puede impugnar las resoluciones de ese órgano de transparencia, como en su momento hizo el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuando se negó a revelar la lista de contribuyentes a los que canceló créditos fiscales por 74 mil millones de pesos.

En entrevista al término de la sesión plenaria del organismo, Peschard indicó que la interpretación de la Corte es muy clara: las resoluciones del Ifai no pueden ser impugnadas por los sujetos obligados del gobierno federal. Esta sentencia nos da una gran certeza sobre las atribuciones del Ifai y obliga a las dependencias gubernamentales.

Destacó que aun cuando 98 por ciento de dichas dependencias acatan las resoluciones del instituto, el 2 por ciento restante no lo hace. Y aunque en la mayoría de los casos fueron desechados los juicios por las instancias jurídicas, el ciudadano no podía tener acceso a la información requerida hasta que se acabara el litigio.

Aparte, informó que ya envió sendos oficios a la Secretaría de Gobernación (SG) y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para que, junto con el Ifai, se destruyan las bases de datos que proporcionaron cerca de 98 millones de ciudadanos para el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut).

Tras la instrucción de la Cámara de Diputados, le pedimos (a Gobernación) colaborar para que sigan los procedimientos señalados por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en la eliminación de la base de datos.

El pasado día primero, la Cámara de Diputados derogó las disposiciones legales que dieron origen a la base de datos creada en 2010 para identificar a los usuarios de celulares a partir de su Clave Única de Registro de Población (CURP).

Peschard indicó que los diputados dieron un plazo de 15 días para concretar la destrucción. Entre tanto –dijo–, se deben tomar las medidas cautelares para evitar que la información, que está en poder de las empresas telefónicas, sea mal usada.

También habló de la urgencia de que el presidente Felipe Calderón designe al nuevo comisionado de ese órgano de transparencia. Comentó que ha tenido acercamientos con el mandatario con tal propósito, pues aún no ha confirmado la designación de Ricardo Celis Aguilar Álvarez, consejero jurídico adjunto de la Presidencia de la República, para ocupar la vacante en el Ifai.

Urge que haya ese nombramiento por el Presidente para que el Senado lo analice. Han pasado tres meses desde que se fue María Marván y nos urge la designación, por el doble trabajo que tenemos, destacó.

Organizaciones como Artículo 19, especializada en libertad de expresión y acceso a la información, se han manifestado en contra el nombramiento de Celis Aguilar, por considerar que con su llegada se debilitaría al Ifai.