Mientras las empresas agroalimentarias están organizadas y tienen recursos para evitar políticas que representen un riesgo para sus ingresos –como son las medidas contra la obesidad–, ni al gobierno federal ni a los precandidatos a la Presidencia les interesa atender las recomendaciones de Naciones Unidas, señaló Alejandro Calvillo, de la organización El Poder del Consumidor (EPC).

En conferencia de prensa, se refirió al reporte sobre México del relator de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Oliver de Shuter, en el que habla de la emergencia nacional por la obesidad y califica de débil el Acuerdo nacional para la salud alimentaria.

Xaviera Cabada, coordinadora de salud nutricional de EPC, consideró que el consumo de refrescos marca una situación de emergencia relacionada con la obesidad, ya que los mexicanos nos hemos convertido en los mayores consumidores en el mundo. La ingesta diaria de refresco aumenta el riesgo de síndrome metabólico, obesidad y diabetes entre la población.

El reporte presentado el martes pasado califica de emergencia nacional la situación nutricional de la población, y el relator “señaló que se está presentando una coca-colización del país”, al comentar que el consumo de refrescos entre menores se duplicó en sólo 10 años.

La organización recordó que el informe, con base en cifras oficiales, señala que los costos estimados de las enfermedades asociadas con el sobrepeso y la obesidad alcanzaron 42 mil 246 millones de pesos para cuidados médicos y 25 mil 99 millones de pesos en muertes prematuras en 2008. Para 2017 los costos aumentarán a 78 mil millones de pesos. Cabada dijo que de acuerdo con un análisis que elaboran los costos pueden ser mayores.

El relator también consideró que el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria es débil, sin objetivos amarrados en legislaciones.