n junio de 2002, hace apenas 10 años, se realizó en Tambogrande (norte de Perú) la primera consulta popular de carácter comunal sobre la minería a gran escala en el mundo. Más de 90 por ciento de los votantes, unas 25 mil personas, rechazaron el proyecto para explotar oro, plata y zinc de la canadiense Manhattan; sólo 350 votaron a favor y no acudieron a votar apenas 6 por ciento de los habitantes. La consulta fue organizada por la municipalidad y su resultado fue interpretado como un triunfo de la agricultura campesina, que depende del agua para su sobrevivencia.

A la consulta en Tambogrande le siguió la de Esquel (sur de Argentina) en marzo de 2003, donde 80 por ciento se pronunció contra un proyecto de Meridian Gold para extraer oro, con el uso de cianuro. En junio de 2005 se realizó otro referendo en Sipacapa, Guatemala, con similar resultado. Estas consultas fueron la forma de lucha encontrada por las comunidades locales para romper el aislamiento y evitar que sus razones fueran ahogadas por el silencio oficial y de los medios. Hoy puede decirse que tuvieron un resultado más que exitoso.

En Perú, la resistencia a la minería condujo a la realización de la Marcha Nacional por el Derecho al Agua, en febrero, en la que confluyó el grueso del movimiento social peruano. En Argentina, la victoria de Esquel activó la creación de decenas de asambleas locales que se coordinan en la Unión de Asambleas Ciudadanas, que acaban de realizar su 18 encuentro en Mendoza. En Guatemala ya hay 56 municipios que se declararon libres de minería, por la formidable presión de la población. En Perú, Brasil y Chile la resistencia popular contra las megarrepresas hidroeléctricas sigue avanzando, y se entrelaza con la lucha contra la minería y los monocultivos.

Luego de más de una década de resistencias es posible establecer un patrón de acción de movimientos que han trascendido largamente lo local y se instalaron como las principales alternativas al modelo asentado en la expropiación de los bienes comunes. Es la movilización popular más importante desde la época de Fujimori, escribió Hugo Blanco, evaluando la Marcha del Agua (Lucha Indígena, febrero de 2012).

El primer rasgo de este patrón es que consiguieron un respaldo tan macizo y profundo entre las poblaciones locales que les permitió trascender el aislamiento y el hostigamiento. Buena parte de estas resistencias se hicieron fuertes al enraizarse en relaciones de carácter comunitario, lo que les permitió visibilizar la existencia de un conflicto entre grandes empresas multinacionales y comunidades locales que buscan asegurar su sobrevivencia. Apelaron a especialistas para traducir sus razones en el lenguaje de las clases medias urbanas y buscaron el paraguas protector de las instituciones y autoridades locales, que es lo que siempre hacen los oprimidos para legitimar sus demandas.

Aun cuando se movilizan pequeños grupos y hasta un puñado de personas, como sucede a menudo con las asambleas ciudadanas argentinas, la contumacia de las comunidades en movimiento les ha permitido neutralizar la criminalización de la protesta. Las comunidades locales están mostrado una novedosa capacidad de elaborar un discurso capaz de sintonizar con otras personas en los más remotos lugares, destacando que se trata de la defensa de la vida frente a la avaricia de la acumulación.

En segundo lugar, aunque la demanda sea estrictamente local, buscaron desde el comienzo tejer lazos con otros sectores sociales para ampliar el eco de sus luchas, y de ese modo comenzaron a tejer amplias alianzas regionales primero, nacionales después y ahora internacionales. La capacidad de romper el cerco informativo y político es lo que les ha permitido trascender la represión y conseguir masivos apoyos en las ciudades, algo que hasta ahora parecía difícil de conseguir.

Las formas de lucha, en tercer lugar, no son ni legales ni ilegales, ni pacíficas ni violentas, aunque hay de todos los tipos, sino sobre todo legítimas, tanto por las demandas como por la capacidad de los militantes de poner el cuerpo ante los gigantescos camiones de las empresas y los golpes de los policías. No hay contradicción entre la opción por las urnas en Tambogrande, o luego en Majaz (norte de Perú), y la contundente acción de los guerreros de Baguá en 2009, en la selva peruana.

En cuarto lugar, se registra la confluencia de los más diversos sectores sociales (como sucedió durante la marcha en defensa del TIPNIS en Bolivia en 2011, y en estos momentos en Aysén, en el sur de Chile) con la reactivación de los mecanismos internos tradicionales de los pueblos para tomar decisiones y garantizar su seguridad, como hicieron las rondas campesinas durante la reciente Marcha del Agua en Perú.

Por último, estamos ante una aceleración de los tiempos. En los primeros meses de este año se sucedieron la Marcha del Agua en Perú y el levantamiento de Aysén, que lleva ya tres semanas bloqueando puentes y carreteras, con una lista de 11 demandas, entre las que ocupa un lugar destacado la oposición a la represa Hidroaysén, mientras el pasado 8 de marzo comenzó la Marcha del Agua en Ecuador, que llegará el día 22 a Quito, luego de recorrer las tres regiones del país. Y ya se anuncia una nueva marcha en Bolivia para evitar que se imponga la carretera en el TIPNIS.

No estamos ante un conjunto de movilizaciones sino ante un movimiento contra las multinacionales y la especulación financiera, en defensa del agua, la vida y los pueblos. Es el más formidable, amplio y variopinto movimiento continental desde las luchas de las décadas de 1960 y 1970 y la resistencia a la primera fase del neoliberalismo en los 90. Este impresionante movimiento por los bienes comunes se registra tanto en países gobernados por la derecha como en los que tienen gobiernos de izquierda y progresistas. No es legítimo, por tanto, buscar excusas del estilo a quién benefician los movimientos para echar un manto de sombras sobre las luchas de los de abajo.