Ante el incremento de reformas legales de corte xenofóbico en Estados Unidos que pretenden incluso quitar la nacionalidad a los hijos de indocumentados residentes en su territorio, el Senado aprobó ayer modificaciones a la Ley de Nacionalidad, con el objetivo de reducir requisitos para que los menores afectados obtengan con mayor celeridad la calidad de mexicanos.

En tribuna, el panista Humberto Andrade, presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, comentó, al presentar el dictamen ante el pleno, que las modificaciones son para impedir que esos niños queden en situación de apátridas, ya que podrán acogerse rápidamente a la nacionalidad mexicana.

Las reformas eliminan el requisito de acreditar la residencia de cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de nacionalidad mexicana o de dos años en caso de ser descendiente en línea directa de un mexicano por nacimiento, para el caso de hijos de migrantes residentes de forma ilegal en el vecino del norte.

Se trata, se explicó, de que el Estado mexicano lleve a cabo acciones que otorguen certeza jurídica a los connacionales y a sus descendientes que se encuentren fuera del territorio nacional, para que sus derechos sean respetados en cualquier parte del mundo, principalmente en Estados Unidos, país donde se encuentran residiendo una gran cantidad de mexicanos e hijos de éstos, a quienes por la creación y posible aprobación de nuevas leyes, no les sea permitido acceder a la ciudadanía de aquel país, al no acreditarse la legal estancia de sus padres.

En las consideraciones del dictamen se precisa que la población mexicana que radica en el vecino país del norte, “fundamentalmente la que se encuentra en situación no documentada, junto con sus familiares, está viviendo una grave e inédita problemática, puesto que ahora, además de interactuar con la realidad cotidiana de marcos legales que les prohíben residir y trabajar, se enfrenta a un creciente agresivo proceso de reformas legales –a nivel estatal– para negar la ciudadanía estadunidense a los hijos de mexicanos que se encuentren en condición migratoria irregular, independientemente de si trabajan, estudian o contribuyen a la sociedad en la que residen”.

Andrade subrayó ante el pleno que este nuevo contexto de reformas antinmigrantes, con antecedentes cercanos a 1996 y cuyo apogeo se dio en los primeros meses de 2011, al presentarse más de 600 iniciativas de ley similares a la polémica SB1070 de Arizona “...para su aprobación en las legislaturas estatales, todas tendientes a criminalizar la migración, al pretender la eliminación del otorgamiento de la ciudadanía a los hijos de la migración irregular nacidos en Estados Unidos.

Además de violentar un precepto constitucional, obstaculizará el ejercicio de los derechos fundamentales de aquellos, al impedirles su desarrollo laboral y profesional y afectará la unidad familiar de la emigración mexicana, al estar expuestos a la deportación por la posible implantación de dicha medida, con argumentos que hasta podrían ser calificados como absurdos e inadmisibles.

El proyecto de decreto pasó al Ejecutivo para su promulgación.