Un sistema judicial corrupto expone a los ciudadanos a ir a la cárcel siendo inocentes, puesto que las autoridades no se han dedicado a construir juicios transparentes, sino a imponer shows mediáticos donde se fabrican criminales y se venden ficciones, afirmaron activistas de derechos humanos.

Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, aseveró que es indispensable que tanto a acusados como a acusadores se les garantice un proceso imparcial, pero eso no ocurre en México, porque no hay mecanismos de control para los agentes del Ministerio Público.

“Hay mucha gente que piensa que Florence Cassez es culpable, pero se formó esa opinión por el show que montó la Secretaría de Seguridad Pública, y no tenemos certeza que eso coincida con la verdad. Se nos determinó con lo que Genaro García Luna nos quiso poner en la cabeza y el corazón, no a partir de elementos imparciales y objetivos”, indicó.

“Tenemos un sistema de justicia que nos vende ficciones y eso es gravísimo. Los jueces tienen la obligación de verificar cómo y cuándo detuvieron a una persona, pero al dejarlo pasar de largo, terminan siendo cómplices de los policías”, dijo.

No se discute su inocencia

Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, coincidió en que la actual discusión no es si los derechos de las víctimas valen más que los de los imputados, porque ese sería un debate maniqueo, sino con respecto a las reglas del procedimiento para juzgar a una persona.

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea no discute la inocencia o culpabilidad de Cassez y eso provoca mucha confusión. La gente asume que ella es culpable, pero los derechos humanos no pueden estar sujetos a criterios de popularidad, sino estar asegurados para todos, estimó.

Juan Francisco Torres Landa, secretario general de la organización México Unido Contra la Delincuencia, señaló que el proyecto del ministro no sólo cuestionaría los vicios del procedimiento, sino incluso la validez y contundencia de las pruebas usadas, lo cual prácticamente anularía toda posibilidad de juzgar a la ciudadana francesa.