egún se desprende de un reporte elaborado por el Instituto Federal Electoral (IFE), el proceso comicial que tendrá lugar en julio próximo estará irremediablemente marcado por la sombra de la inseguridad y la violencia: tales flagelos están presentes, en mayor o menor medida, en 203 de los 300 distritos electorales del país.
Es imposible negar que el naufragio de la seguridad pública resulta especialmente preocupante en la lógica de los procesos democráticos, no sólo porque lleva al tema de la posible infiltración de la delincuencia organizada en partidos, candidaturas y organismos electorales, sino también porque la violencia y la impunidad, así como el control territorial que diversos grupos delictivos ostentan en varios puntos del país, pueden interferir en la organización de comicios mínimamente confiables en tales regiones.
En el momento presente, sin embargo, el paroxismo de violencia que afecta amplias franjas del territorio no puede verse como un fenómeno aislado, sino como uno de los saldos de desastre que arroja el acontecer nacional en casi todos sus ámbitos: una economía que no logra encontrar el camino claro a la reactivación, con el consecuente repunte del desempleo y la pobreza; un Estado que ha ido perdiendo capacidad de cumplir con sus responsabilidades más elementales, lo que se refleja en la dislocación de los sistemas de educación y salud; una corrupción persistente en las oficinas públicas, y una descomposición institucional en extensas regiones del territorio nacional. Ninguno de esos rezagos puede desvincularse de la inseguridad y la violencia que el IFE ha encontrado en dos de cada tres distritos electorales del país.
Ciertamente, en semanas y meses recientes, y en concordancia con el inicio del proceso electoral, el discurso de los partidos políticos ha adquirido un tono de irrealidad, por cuanto ha supuesto el desarrollo de un periodo comicial en condiciones de una normalidad que, como lo confirma el informe del IFE, no se da en la realidad. En el momento actual, el país, además de padecer el agravamiento de la desigualdad, la miseria y el incumplimiento de los derechos básicos de la población, se encuentra severamente alterado por la injerencia externa –permitida y aun promovida por las autoridades federales–, por el accionar de los grupos delictivos y por la incapacidad gubernamental para hacerles frente en forma eficiente, lúcida y apegada a derecho.
Sería particularmente desastroso, sin embargo, que las autoridades federales interpretaran esta circunstancia como la señal de una necesidad de postergar o cancelar los comicios: tal perspectiva, lejos de fortalecer la cultura democrática, la debilitaría, en la medida en que impediría a los ciudadanos pronunciarse por los cambios que se requieren en lo económico, en lo social, en lo institucional y, por consecuencia, en materia de seguridad pública, y porque obstruirían la posibilidad de poner en el debate alternativas al modelo que ha llevado al país a la concentración oligárquica del poder y la riqueza, a la multiplicación de las desigualdades y los rezagos sociales y, a la postre, a una de las situaciones más inciertas y preocupantes de su historia.
Lo que cabe demandar de las autoridades ante la cita comicial de julio próximo es que tomen las providencias necesarias para evitar que la violencia y la criminalidad se conviertan en factor decisivo de distorsión de la voluntad popular. Fuera de eso, la cancelación de los comicios es una perspectiva indeseable, porque si algo ha quedado de manifiesto durante los cinco años recientes es que el clamor de la sociedad para enfrentar la criminalidad y la violencia con una estrategia eficaz, que se concentre en atender las causas que las originan, no ha sido escuchado, y el último recurso de que la población dispone para hacerse oír en ese sentido es, precisamente, el sufragio.
