Representantes de sociedades cooperativas del país denunciaron que en el Senado se intenta imponer una nueva ley en la materia que es lesiva a sus intereses y ataca la esencia social del movimiento.

Revelaron que, pese a que llevan meses negociando con el panista Jorge Ocejo Moreno, presidente de la Comisión de Fomento Económico, él ya tiene un dictamen que no incluye las cambios acordados para el proyecto de ley.

Juan Gerardo Domínguez, vocero de la Coordinación de Federaciones y Uniones de Cooperativas de México, manifestó que hay mucha preocupación en el gremio y que su única esperanza es que PRI y PRD no respalden el proyecto, el cual, a contracorriente incluso de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), busca llevar a las cooperativas al mercantilismo puro.

Entre las modificaciones introducidas a lo que en el medio cooperativista se ha llamado ley Ocejo destaca la legalización de la subcontratación, al establecer que privará el esquema de tercerización laboral para el personal de las cooperativas.

Domínguez detalló que los senadores María de los Ángeles Moreno, del PRI; Dante Delgado, del Movimiento Ciudadano, y los perredistas Yeidckol Polevnsky y Leonel Godoy –este último recién incorporado a los trabajos de dictamen– los han respaldado en las negociaciones, que desde hace más de un año sostienen, aunque Ocejo insiste en su proyecto.

Explicó que hace más de ocho meses su organización y el Consejo Superior Cooperativista, que agrupa a las grandes cooperativas y es presidido en la actualidad por Pascual, presentó su propuesta de ley a la senadora priísta Moreno, pero Ocejo –ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana– no lo tomó en cuenta.

Aunque en los pasados tres meses han mantenido reuniones constantes, en las que el panista aseguró que iba a tomar en cuenta sus observaciones y planteamientos en torno a 13 rubros principales, no fue así.

Una de las objeciones principales es a la definición de que la cooperativa la integran personas. Ocejo ha rechazado que se agregue el término físicas.

Hay que especificarlo, porque de lo contrario se abre la puerta a la participación de las personas morales y eso no puede funcionar, ya que en la cooperativa el poder y el reparto de ingresos se basan en el trabajo, mientras que en las sociedades anónimas y otras mercantiles en el capital.

Agregó que mezclar eso es insano, ya que, sobre todo en las cooperativas pequeñas, las rurales, acabará imperando el capital.

Otro punto sobre el que están en desacuerdo es en la pretensión del panista de introducir el término cooperativa integradora, a la que se dan las facultades que tendría una unión o federación de cooperativas, lo que carece de sentido si ya existen estas formas de organización.

Pero lo grave es que además se establece que en las cooperativas integradoras pueden participar como socias “personas morales del sector de la economía. De darse no entrarían de inicio las sociedades mercantiles a las cooperativas, pero sí ejidos, comunidades agrarias, sociedades de solidaridad social y sociedades de producción rural.

Eso lo objetamos porque no se requiere y traerá conflicto de leyes, ya que si entra un ejido, ¿cómo se va regir? ¿Por la Ley de Cooperativas o por la Ley de la Reforma Agraria?

La terminología que el panista utiliza en su propuesta es muy parecida a la de la Ley de Sociedades Mercantiles, ya que habla de directores, gerentes y ganancias. Plantea que el primer requisito para entrar como socio a una cooperativa es aportar capital y que el objetivo de toda cooperativa es maximizarlo.

Otros de los 13 puntos criticados por los cooperativistas son que se precisa que será la Secretaría de Desarrollo Económico la que vigilará que las cooperativas cumplan con la ley y no la Secretaría de Desarrollo Social. Además, la ley Ocejo eliminó diversos conceptos de la legislación actual, entre ellos la formación de la economía solidaria, el fomento de la cultura ecológica y que en una cooperativa se respetarán las preferencias sociales, religiosas y políticas de los socios.

En su dictamen, el panista incluye el voto proporcional para uniones y federaciones, es decir, de acuerdo con el número de socios. Lo rechazamos porque no es la democracia imperante en las cooperativas, donde al igual que en la ONU hay un voto por país. Debe haber un sufragio por cooperativa, sin importar su tamaño.

De los 160 artículos que incluye la ley Ocejo, 107 son impugnados por los cooperativistas, aunque la prioridad son los 13 rubros principales.

Domínguez recalcó que si Ocejo sube al pleno del Senado ese dictamen, que da preeminencia a lo mercantil sobre lo social, confían en que los senadores Moreno, Delgado, Polevnsky y Godoy presenten otra propuesta, la cual incluya los planteamientos del gremio cooperativista.