Madrid, 11 de marzo. Centenares de miles de personas expresaron en las calles de 60 ciudades españoles su malestar por la aprobación por decreto y sin diálogo de la nueva legislación laboral, con la que el Ejecutivo del conservador Mariano Rajoy abarata el despido y arrebata derechos históricos de la clase trabajadora.

Sindicalistas, funcionarios públicos, estudiantes, desempleados y activistas del movimiento del 15M o de los indignados advirtieron en la protesta, antesala de la huelga general del 29 de marzo, que no cejarán en su empeño de obligar al gobierno a dialogar para cambiar la actual normativa.

Desde que asumió el poder el derechista Partido Popular (PP), en diciembre pasado, se han aprobado una serie de medidas que han puesto en pie de lucha a numerosos colectivos, agraviados por las políticas de ajuste para hacer frente a la crisis.

Rajoy, el quinto presidente del gobierno de la joven democracia española, aseguró en campaña electoral que para recuperar la senda del crecimiento y la creación de empleos era necesario reducir impuestos, cambiar de gobierno y favorecer el diálogo social entre empresarios y sindicatos. Una vez en el poder tras ganar por mayoría absoluta, aprobó un aumento general de impuestos a través del IRPF, impuso drásticos recortes en los servicios públicos básicos, aprobó sin diálogo y por la vía del decreto la reforma laboral, con modificaciones que abaratan el despido, restan sensiblemente poder de representación a los sindicatos y favorece abiertamente los intereses de empresarios y banqueros.

Los dos principales sindicatos españoles, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), convocaron a una jornada de protesta que fue secundada por centenares de miles de personas, también vinculados a otros sindicatos más críticos de la postura oficial, agrupaciones de trabajadores y organizaciones ciudadanas que pretenden elevar la voz contra lo que califican de atropello a los derechos históricos de la clase obrera.

Según cifras de los sindicatos, sólo en Madrid acudió más de medio millón de personas a la marcha, que según la policía no superó los 30 mil manifestantes. Más allá de la guerra de cifras, el centro de Madrid estaba atestado de personas que gritaban sin parar frases de protesta contra el gobierno y entonaban a todo pulmón consignas históricas de la lucha obrera y La Internacional. Lo mismo ocurrió en Barcelona, Gijón, Valencia, Sevilla, Granada, Córdoba, Málaga, Oviedo, Santiago de Compostela y así hasta 60 ciudades que vivieron una jornada intensa de lucha laboral.

Según los líderes sindicales Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, la reforma laboral va a provocar una regresión social permanente y para toda la vida, por el aprovechamiento inmoral de la crisis del gobierno del PP. Por eso advirtieron que la próxima huelga general no será de tono menor.

Rita Maestre, de la organización Juventud sin Futuro, una de las precursoras del movimiento de los indignados, advirtió que quien convoca la manifestación y quien tiene la mayor responsabilidad son obviamente los sindicatos mayoritarios, pero hay que entender la huelga no sólo desde los sindicatos; hay que atravesarla e ir más allá. Esta huelga tiene que ser percibida por todos a los que afecta la reforma de manera directa: los jóvenes, los precarios, los trabajadores fijos, los desempleados, todos los que no ven futuro. Toda esa gente tiene que sentir la huelga como suya.