Landa de Matamoros, Qro., 11 de marzo. Nos han dicho que ya cerremos el caso, que ya olvidemos, pero no es fácil. ¿Cómo vamos a olvidar a los familiares? Eso nunca, dice Margarita, cuyo hijo está desaparecido desde el 17 de marzo de 2010.

Al igual que Socorro, cuyo hijo desapareció en la misma fecha, Margarita no cree que las autoridades ministeriales estén buscando a los jóvenes, como aseguran en las reuniones mensuales con autoridades municipales. Seguimos igual que el primer día. No sabemos nada, señala Socorro, madre de nueve hijos.

Familiares de 17 migrantes que desaparecieron el 17 de marzo de 2010 viven entre el duelo y la incertidumbre. Sus padres, esposas, madres e hijos enfrentan deudas, algunas hasta de 30 mil pesos, por haber pedido dinero prestado para pagar a polleros los viajes a Estados Unidos. Las deudas con prestamistas o cajas populares van desde 15 mil hasta 30 mil pesos, con intereses moratorios.

Para el sacerdote Mario González Melchor, de la misión de Tancoyol, en el municipio de Jalpan de Serra (colindante con Landa de Matamoros), presidente de la asociación civil Estancia del Migrante González-Martínez, en el municipio de Tequisquiapan, en la desaparición de los 17 migrantes están involucrados polleros que tienen parentesco con el presidente municipal de Landa de Matamoros, Gabino Landa Rubio.

“Él sabe muchas cosas, pero también intenta proteger a su familia. Los coyotes entregaron los muchachos a los Zetas; todos los sabemos, pero no podemos comprobarlo”, dijo.

El 28 de abril de 2010, familiares de migrantes interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público del fuero común en el municipio de Jalpan de Serra por la desaparición de 33 migrantes (17 de Landa de Matamoros y el resto de los estados de San Luis Potosí e Hidalgo), quienes iban en un autobús hacia la frontera norte. La denuncia quedó registrada en la averiguación previa J/193/2010.

La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Querétaro también abrió una averiguación, por la que hay dos personas detenidas y una prófuga, acusadas de delincuencia organizada y tráfico de personas.

Los afectados están molestos porque durante casi dos años, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEQ) y de la PGR, periodistas y policías los acosan por simple curiosidad, sin ofrecerles noticias de sus familiares desaparecidos. Algunos padecen diabetes, dolores musculares, gastritis, trastornos del sueño, depresión, ansiedad, cefaleas y anorexia.

La indagatoria en la PGR se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas. Los polleros niegan dedicarse a esa actividad y confían en que los demandantes se retracten de la acusación por miedo, pero las mujeres se mantienen firmes.

Sobre la averiguación previa a cargo de la PGJEQ no hay mayor información. Tampoco se sabe si está buscando a los desaparecidos. El titular de esa dependencia, Arsenio Durán Becerra, no ha respondido las solicitudes de entrevista.

Angélica decidió irse a trabajar a Monterrey, Nuevo León, al no saber del paradero de su esposo, quien era la única fuente de sustento de sus hijos, indicó el tío del desaparecido, Cándido Fonseca, quien al igual que Socorro y Angélica no pierde la esperanza de saber del paradero de sus familiares. Estamos en la fe. No perdemos la esperanza de que sepamos lo que en realidad pasó, dijo.