n enero de 2010 la mayoría conservadora de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos emitió una decisión que abrió las puertas para la aportación de fondos sin límite en apoyo a las campañas políticas. En opinión de diversos juristas, la Corte se valió de una extraña y sesgada interpretación de la primera enmienda constitucional, que garantiza el principio de la libertad de expresión, para echar abajo una restricción cuyos antecedentes datan de la primera década del siglo pasado. La consecuencia inmediata de la decisión fue la formación de las organizaciones conocidas como Super Pacs, que no son otra cosa que individuos, sindicatos y corporaciones privadas que canalizan amplios recursos a las campañas electorales. A sabiendas de la ola de protestas que tal decisión generaría, los ministros introdujeron una excepción mediante la cual se establece la prohibición de que los candidatos entren en contacto directo con los Super Pacs para decidir cómo usar esos fondos. Esta medida, que tiene que ver más con la ficción que con la realidad, se ha prestado a la sorna por la evidente imposibilidad que existe de evitar ese contacto.

El primer efecto de la decisión de la Corte fue que en las elecciones de ese año los candidatos republicanos a la Cámara Baja recibieron millones de dólares para sus campañas por individuos y corporaciones que se sintieron afectados por los cambios que el presidente Obama inició para sortear la crisis en la que el país estaba sumido. El resultado fue que 60 candidatos demócratas fueron derrotados en su intención de relegirse en la Camara Baja. Los republicanos lograron hacerse de la mayoría en esa instancia legislativa y de esa manera atajar, atenuar o posponer, entre otras reformas, la de salud y la financiera.

El presidente llamó al Congreso a legislar para contrarrestar la decisión de la Corte. Sin embargo, el pragmatismo se impuso y ha tenido que meter reversa, permitiendo la integración de Super Pacs en su favor, para poder competir con la millonaria campaña de recaudación de fondos de quienes apoyarán al candidato republicano a la Presidencia el próximo noviembre.

La apertura sin límite en el gasto de las campañas políticas ha permitido que candidatos tan débiles o polémicos como Nick Santorum y Newt Gingrich hayan logrado mantenerse en la lucha por alcanzar la candidatura de su partido, pese a las pocas posibilidades de obtenerla. La paradoja es que una medida para fortalecer al Partido Republicano es causante de que Mitt Romney, favorito del establishment republicano para derrotar a Obama en noviembre, ha sido expuesto a los incesantes ataques de sus propios compañeros de partido, que le pueden ser muy costosos en ese propósito.

El sentir general es que la perversión del proceso democrático ha llegado a excesos que es necesario detener. ¿Será posible en una sociedad construida sobre el ideal del enriquecimiento como fin por excelencia?