¿El que mata manda?
enudo sainete el protagonizado por los mandatarios del cambio, pero reverentes del Vaticano y de su jefe en turno, ahora con motivo de la probable excarcelación inmediata y absoluta
de una secuestradora francesa juzgada y sentenciada, gracias a las torpezas de un aparato judicial mexicano rebasado por una realidad no por ocultada menos atroz.
Cuando el gobierno foxista y su sobreprotegido duopolio televisivo –Televisa y Tv Azteca– decidieron el 9 de diciembre de 2005 recrear para los televidentes la detención de esa banda de secuestradores, en otro alarde del amateurismo comunicacional que ha caracterizado a los gobiernos panistas, no calcularon que dos meses después tendrían que aceptar la innecesaria –salvo por la voracidad del rating– cuanto contraproducente puesta en escena.
“Tengo confianza en la justicia mexicana… Esta es una primera etapa… El gobierno francés se bate siempre para que sus compatriotas…, sea lo que hayan hecho (sic), vuelvan a Francia”, declaró en entrevista reciente el justiciero presidente Nicolas Sarkozy. Por su parte, el presidente de México Felipe Calderón, al inaugurar las nuevas instalaciones de la División Científica de la Policía Federal, nos consoló al decir que su gobierno legará a México una policía moderna, en la que los ciudadanos puedan confiar, que esté a la altura de las mejores del mundo y que dejará también mejores instituciones en materia de procuración de justicia.
Así, mientras por un lado los gobiernos panistas desataron una guerra sin cuartel contra la delincuencia organizada, caiga quien caiga excepto los de mero arriba, que ha cobrado decenas de miles de víctimas, por el otro, y como fruto de su compasiva adhesión vaticana, han constreñido las libertades ciudadanas de los defeños al ignorar la observancia del Documento de Voluntad Anticipada en todos los centros hospitalarios del gobierno federal en la ciudad de México.
Esta negativa oficial a atender solicitudes para interrumpir tratamientos y medicamentos inútiles, que lejos de prolongar la vida prolonga la cruel agonía de enfermos terminales y desahuciados, a los que protege la Ley de Voluntad Anticipada y la Ley de Salud, ambas para el Distrito Federal, tienen origen en una sacralización sin ton ni son de la vida, en la línea impuesta por el Vaticano a los pueblos más crédulos, esos que creen en la recreación de operativos policiacos por televisión.
