Ante la situación de emergencia nacional que enfrenta México, donde se está en riesgo de dejar de ser un país libre y soberano, intelectuales, artistas, académicos, organizaciones civiles y sindicales llamaron a la sociedad en su conjunto a sumar esfuerzos para el rescate de la nación.

Personalidades como el ex rector de la Universidad nacional Autónoma de México (UNAM) Pablo González Casanova; el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, el escritor Javier Sicilia, los sacerdotes Gonzalo Ituarte y Miguel Concha, la investigadora Magdalena Gómez, los actores Julieta Egurrola y Daniel Giménez Cacho, el activista Miguel Álvarez y el antropólogo Gilberto López y Rivas, entre otros, convocaron, mediante una proclama, que la ciudadanía participe en la resolución de las problemáticas nacionales, más allá del proceso electoral de 2012.

En conferencia en la que participaron algunos de los firmantes, Miguel Álvarez, de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), indicó que el objetivo del documento es realizar un esfuerzo de unidad en medio de la veda electoral para impulsar acciones al margen de partidos políticos y candidatos a fin de que la sociedad sea actora de la transformación nacional.

Agregó que la iniciativa es suscrita por más de 100 personas y organizaciones de 26 estados, como el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y se podrán sumar más adherentes a través del correo [email protected].

El país (está) envuelto en una absurda guerra que amenaza seriamente la convivencia social; se vulnera la dignidad del pueblo y se deniega la justicia; la crisis económica se profundiza. A pesar de todo, el mal gobierno persiste en seguir con la misma estrategia. Ahora estamos ante el grave riesgo de que la y los contendientes en la sucesión presidencial asuman la continuidad y el compromiso con esa estrategia que está provocando un desastre humanitario, señala la proclama, que fue leída por Magdalena Gómez y que se pretende entregar a diversos organismos políticos, a embajadas e incluso al papa Benedicto XVI, durante su próxima visita al país.

Agrega que gran parte de la población nacional está hundida en la zozobra y viviendo con temor a causa de una guerra (contra el narcotráfico) cruenta y cruel que el gobierno declaró pregonando la paz, y ahora en campos y ciudades se sufre la violencia en sus formas más irracionales.

Enfatiza que actualmente las instituciones del Estado están inmersas en procesos de profunda descomposición y deterioro a causa de la corrupción y debido a la penetración del crimen organizado en todos los niveles y ámbitos de gobierno; se expone irresponsablemente a las fuerzas armadas al atribuirles misiones distintas a sus funciones constitucionales, (lo) que da cauce a graves violaciones de los derechos humanos y, paradójicamente, la columna vertebral del narcotráfico se mantiene intacta debido a la negativa sistemática del Ejecutivo federal a afectar sus redes financieras.

Los firmantes subrayan que el Estado abdica de su responsabilidad constitucional al no otorgar seguridad, tranquilidad y bienestar a la población, además de que la administración federal cede importantes principios y espacios de soberanía ante Estados Unidos.

Frente a esta emergencia nacional, y en víspera de la renovación de poderes, quienes suscribieron la proclama dijeron tener una posición de autonomía e independencia frente al poder y los partidos, aun cuando entre ellos hay miembros y simpatizantes de los mismos.

Tenemos la convicción de que independientemente de cuál sea el resultado electoral, la participación de la sociedad civil será necesaria: si gana la opción de cambio serán importantes la organización y la movilización para demandar y apoyar los cambios de estrategia y de política de los gobiernos precedentes. Si no resulta así, con mayor razón se necesitará un gran movimiento de resistencia civil pacífica que obligue al cambio de rumbo.

Hoy, continúa, se profundizan las políticas económicas y sociales de los anteriores gobiernos, agravando las diferencias entre unos cuantos millonarios poderosos y las grandes mayorías; hay desempleo, inflación, bajos salarios, carestía, raquíticos apoyos al campo, despojo de tierras, devastación ambiental, pérdida de soberanía alimentaria, sequía y crisis de alimentos sin precedente, hostigamiento a los pueblos y comunidades indígenas y a sus recursos naturales y saberes y tradiciones.

En definitiva, el gobierno actual condena a millones de mexicanos al hambre y a la pobreza extrema, a lo que se suma la creciente amenaza al Estado laico por parte de fuerzas confesionales y conservadoras.

Por ello, convocaron a desarrollar espacios de debate y difusión, a promover redes sociales que den sustento y fuerza a las principales ideas de la proclama, a reconstruir la coordinación y unidad de los movimientos y de las luchas del campo y la ciudad, a sumarse a las acciones derivadas de la iniciativa, y a formar una junta patriótica, comité o comisión de carácter amplio y representativo que promueva los objetivos y tareas del documento.