Con el excepcional respaldo de más de 60 centros, comités y comisiones independientes de derechos humanos de todo el país, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y los familiares del profesor tzotzil Alberto Patishtán Gómez exigieron este lunes la liberación inmediata de quien es quizá el más importante preso de conciencia en el país. Informaron también que el pasado 29 de febrero Patishtán ganó un amparo para ser retornado a San Cristóbal de las Casas.

Denunciaron que el gobierno de Chiapas es responsable del castigo que padece el docente y activista indígena, quien tras 11 años en prisiones estatales, purgando una condena de 60 años, fue enviado punitivamente al distante penal federal de Guasave, Sinaloa. Esto, durante una huelga de hambre de presos de la otra campaña en tres cárceles chiapanecas, de la cual era vocero. Los organismos sostienen que las autoridades estatales pretendían enviarlo a las islas Marías.

El gobierno de Chiapas negó en todo momento haber solicitado este traslado señalan. “Sin embargo, en el expediente de amparo obra oficio en donde el secretario general de Gobierno, Noé Castañón León, solicita su traslado ‘al complejo penitenciario islas Marías o a otro centro penitenciario fuera de Chiapas’, mostrando claramente la intención de apartarlo de la digna lucha por su libertad”.

Recordaron que como castigo a esta lucha y por defender los derechos humanos, el 20 de octubre de 2011, durante una huelga de hambre de la Voz de Amate y los Solidarios de La Voz del Amate en Chiapas, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 8 en Guasave, donde se encuentra actualmente.

En conferencia de prensa, donde participaron entre otros el director del Frayba, Víctor Hugo López, y la hija del profesor, Gabriela Patishtán, también abogada, se dio a conocer un pronunciamiento que subraya: El caso es un ejemplo claro del grave problema en la administración de justicia que existe en México. El encarcelamiento data del 19 de junio de 2000, sentenciado a 60 años, coacusado de la emboscada y asesinato a policías del municipio de El Bosque.

Hoy se ha acreditado su inocencia. En el tiempo de su detención, Patishtán participaba activamente en la vida política de su municipio, y denunciaba la corrupción del entonces ayuntamiento, solicitando la destitución del alcalde y la creación de un consejo municipal, apuntan los organismos de derechos humanos.

En esos años estaba en auge la contrainsurgencia del gobierno federal y del gobernador Roberto Albores Guillén, destacadamente en dicho municipio, donde en 1998 soldados y policías atacaron a sangre y fuego al municipio autónomo zapatista San Juan de la Libertad, imponiendo a un alcalde priísta cómplice de diversos delitos. La masacre de policías de la que Patishtán es acusado único nunca fue aclarada satisfactoriamente. Tampoco la masacre previa de zapatistas y hasta priístas.

Suscriben el documento el obispo Raúl Vera, Javier Sicilia, Gustavo Esteva, Magdalena Gómez y decenas de personas más, junto con numerosas organizaciones nacionales y de una decena de países, quienes dice unirse a la digna lucha de Patishtán. Desde prisión ha trabajado por la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad, denunciando las violaciones a las garantías que se dan en el sistema penitenciario en Chiapas, sostiene la denuncia colectiva.

El 29 de febrero, el juez quinto de distrito del vigésimo circuito en Tuxtla Gutiérrez, resolvió ordenar el regreso de Patishtán al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 5, con sede en San Cristóbal de Las Casas, donde se encontraba anteriormente. Ello, en restitución de sus derechos humanos violados.

El pronunciamiento concluye: Por su acción política antes de su detención y por su defensa de los derechos humanos es un preso político, por lo que exigimos al gobierno mexicano su liberación inmediata.