Chilpancingo, Gro., 12 de marzo. El juzgado primero de distrito con sede en esta ciudad dictó auto de formal prisión a cinco empleados de la Procuraduría General de Justicia del Estado, entre ellos el subprocurador de Justicia, César de los Santos Mendoza, a quienes la Procuraduría General de la República (PGR) acusó de varios delitos relacionados con el desalojo del pasado 12 de diciembre en la Autopista del Sol México-Acapulco, donde fueron asesinados los estudiantes de la normal de Ayotzinapa Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.

Los otros cuatro funcionarios a quienes también se declaró formalmente presos son: el ex director de Averiguaciones Previas, José Vélez Zapata; la fiscal regional María Seberiana Peña Flores, y las agentes del Ministerio Público del fuero común, Gloria Rocío Méndez Cruz y Magdalena de Jesús Cruz, a quienes se vincula con el caso.

Los funcionarios fueron acusados por delitos contra la administración de justicia, simulación de pruebas, obstrucción de la justicia al favorecer que un inculpado se sustraiga de la acción de las leyes, y encubrimiento; debido a que ninguno de los delitos es considerado grave, todos podrán enfrentar el juicio en libertad, previo depósito de fianza.

El juez dictó auto de libertad a Esteban Maldonado, ex asesor del ex procurador estatal, Alberto López Rosas, debido a que no se le comprobó delito alguno.

También se prevé que el juzgado de distrito dicte auto de formal prisión o de libertad al ex subprocurador de Justicia Alejandro Paz y Puente, quien ya se presentó a rendir declaración.

Por su parte, el ex procurador estatal Alberto López Rosas no se ha presentado a declarar, aunque tiene una suspensión provisional que le otorgó el juez sexto de distrito de Acapulco.

Por separado, la dirigencia de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que dé a conocer su dictamen final en relación con la muerte de sus dos compañeros. Desde el 9 de enero de este año nos dijeron que en 30 o 40 días se daría a conocer el dictamen; creemos que el plazo ya se cumplió, informó Pablo Juárez, uno de los líderes.

Señaló que la demanda central sigue siendo juicio político contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero, y quien resulte responsable de haber dado la orden del desalojo, por eso vamos a esperar a que la CNDH dé a conocer su dictamen para que a partir de ello se fije nuestro nuevo plan de acción.