unque las campañas por la Presidencia de la República no han comenzado, los candidatos han ido planteando las líneas centrales de lo que será su oferta política. Parte nodal de esta oferta será la propuesta económica, que deberá considerar definiciones de políticas de corto y largo plazos. La evolución del entorno global y la evaluación de las consecuencias para la economía mexicana serán fundamentales en el diseño de estas políticas. La manera en la que se entienda la naturaleza de la crisis global que empezó en 2007 determinará las líneas de acción económica en los años por venir.
La interpretación convencional del momento actual de la crisis, que es la que sostiene el gobierno federal, plantea que el problema central está en el terreno fiscal. La tarea principal, desde esta perspectiva, es controlar el gasto público y mantener el movimiento de los precios dentro de los límites establecidos por los bancos centrales. El pacto para la estabilidad y el crecimiento de la eurozona, centrado en la disciplina fiscal y la cesión de soberanía nacional, resume esta visión neoclásica.
Esta interpretación económica, traducida a la definición política nacional, implica que lo central es mantener controlados los equilibrios fundamentales
: déficit de las finanzas públicas, déficit en la cuenta corriente e inflación. Congruente con esta idea, se privilegia la autonomía del banco central y su dedicación al objetivo único de la estabilidad, al tiempo que a la autoridad hacendaria se le mandata legalmente presupuestar equilibradamente
. La dinámica económica, en consecuencia, estará a cargo de inversionistas privados nacionales y extranjeros.
En la propuesta de los candidatos del PAN y el PRI se plantea la continuidad del modelo económico vigente desde mediados de los años ochenta del siglo pasado, estableciendo que deberán concluirse las reformas estructurales pendientes: laboral, fiscal y del sector paraestatal. Por ello proponen abrir Pemex a la inversión privada. La diferencia entre estas candidaturas, en realidad, se localiza en una supuesta capacidad para administrar al país y no en el planteamiento de rumbos diferentes para el desarrollo.
La otra propuesta presidencial establece enfáticamente su diferencia con el modelo vigente, criticando mayormente la concentración del ingreso y del poder y sus consecuencias en la competitividad de la economía nacional. Profundizar esta diferenciación exige definir aspectos que resultan centrales para desatar una nueva dinámica en la que efectivamente empresas privadas medianas y pequeñas tengan las condiciones para desarrollarse y desarrollar al país. El funcionamiento de la banca es decisivo en esta reanimación productiva.
La banca privada que funciona en México presta poco, pero obtiene enormes utilidades que transfiere a sus matrices en el extranjero. Modificar este esquema, haciendo que presten y que parte de sus utilidades permanezcan en México, lo que hasta Guillermo Ortiz señala, no ocurrirá por el libre juego del mercado bancario. Se requiere la intervención del Estado. Del mismo modo que se ha propuesto reiteradamente que los bancos centrales agreguen a su objetivo la estabilidad financiera, lo que implica regular la banca con relevancia sistémica, en México hace falta que la banca central incorpore el objetivo del crecimiento de la economía y del empleo.
Hará falta que, además, la banca de desarrollo recupere su capacidad para otorgar directamente crédito, de modo que pueda promover que empresas solventes crezcan. El ejemplo brasilero es elocuente en este aspecto. Sin la contribución de la banca gubernamental el crecimiento rápido de los flujos crediticios no será posible y, en consecuencia, no se generarán los empleos que se requieren para, por lo menos, incorporar a la fuerza de trabajo formal los contingentes que se están incorporando.
Insistir en la austeridad de los funcionarios públicos es correcto. No lo es, en cambio, apelar a una austeridad fiscal que es contraria a lo que se requiere en un proyecto incluyente.
