El gobierno mexicano no puede culpar a los grupos de la delincuencia organizada de ser los únicos responsables por los casos de desaparición forzada que ocurren en el país, ya que buena parte de ellos son cometidos por sus propias fuerzas de seguridad, en medio de una impunidad crónica que genera aún más desconfianza entre las víctimas y sus familiares.

Así lo afirmó Ariel Dulitzky, integrante del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, quien ayer presentó el informe de dicho organismo luego de la visita realizada a México del 18 al 31 de marzo del año pasado.

En videoconferencia desde la ciudad de Ginebra, Suiza, el especialista advirtió que una gran cantidad de desapariciones forzadas son cometidas por la delincuencia organizada, pero no todas se le pueden atribuir a ella, puesto que la desaparición del Estado en las desapariciones forzadas también está presente.

Aunque reconoce que el país enfrenta una complicada situación en materia de seguridad pública, el grupo de trabajo advirtió que esta situación ha servido de pretexto para que diversos cuerpos de seguridad cometan desapariciones forzadas, o permitan que grupos de delincuentes las realicen.

Los especialistas de Naciones Unidas dijeron haber recabado información creíble sobre detenciones cometidas por elementos militares en contra de civiles, quienes fueron llevados a instalaciones castrenses, haciendo uso de conceptos jurídicos demasiado amplios como flagrancia equiparada, que permiten tener bajo arresto a una persona durante varias horas e incluso días tras haber cometido un ilícito.

La mayoría de estos casos ha ocurrido en estados como Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, y en ellos los soldados han realizado interrogatorios haciendo uso de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Los redactores del informe subrayaron también que no hay mecanismos de supervisión del uso de la fuerza de policías y soldados; el arraigo es usado como elemento auxiliar en muchas desapariciones forzadas; el juicio de amparo es insuficiente como defensa, y la mayoría de los abusos son juzgados por cortes militares, quienes no tienen la imparcialidad necesaria para garantizar el acceso a la justicia.

Asimismo, advirtieron que la impunidad sigue siendo el reto principal de las autoridades, ya que los agentes del Ministerio Público se niegan a atender denuncias de desapariciones forzadas; criminalizan a los familiares de las víctimas al relacionarlos sin pruebas con la delincuencia organizada, o los amenazan para que no exijan una investigación adecuada.

La impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas, y parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas para resolverlos, concluyeron.

Por todo lo anterior, el grupo de trabajo emitió una serie de recomendaciones al gobierno de México, entre las cuales está reconocer la magnitud del problema para poderlo dimensionar, crear un banco de datos al respecto, tipificar la desaparición forzada en todas las entidades del país, hacer que todos los casos sean enviados a la justicia civil y no a la militar y crear un programa nacional de búsqueda.

Tras escuchar el informe, representantes de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República afirmaron que ambas dependencias están trabajando para erradicar la desaparición forzada y atender a las víctimas, pero la activista Blanca Martínez, de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (Fundem), reprobó la actuación del gobierno en esta materia.