Las violaciones a los derechos de las personas indígenas constituyen una seria ofensa y flagelo a los principios sobre los que se sustenta nuestro país y sus instituciones, por lo cual, todas y cada una de las dependencias de los tres órdenes de gobierno deben esforzarse por que las mismas sean prevenidas, sancionadas y que se garantice su no repetición, afirmó Marisela Morales Ibáñez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

Lo anterior, al poner en marcha la campaña PGR al Servicio de las Personas Indígenas, en cumplimiento al acuerdo de solución amistosa solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 27 de enero de 2011, relativo a la reparación del daño cometido por violación a derechos humanos contra dos integrantes de la comunidad indígena purépecha en Michoacán.

Acompañada de Javier López Sánchez, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la funcionaria puso en marcha la campaña, que consiste en la divulgación y difusión de carteles en 11 lenguas indígenas: chinanteco, huave, huichol, maya, mixteco, náhuatl, purépecha, tzetzal, tzotzil, yaqui y zapoteco, a fin de hacer de su conocimiento que la PGR cuenta con una Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas.

De 2006 a la fecha, la PGR ha gestionado diversos beneficios de Ley ante el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, donde 658 indígenas fueron atendidas para la obtención de sus beneficios, y lograron ser liberadas de acusaciones que pesaban en su contra.

Morales mencionó que los funcionarios de la PGR trabajan en la consolidación de ese estado democrático de derecho, donde el respeto a los derechos humanos es base de sus instituciones.