l nuevo régimen que emergió de la transición ha estado en permanente equilibrio inestable, y aunque a nadie satisface todos los actores lo mantienen. La coalición por el status quo integrada por las tres principales fuerzas políticas y muchos actores económicos relevantes, reconoce que simplemente está administrando una lenta pero notoria decadencia. Pero teme perder los privilegios, las rentas y las influencias que hoy tiene, si se impulsan modificaciones sustanciales. O sólo promueve reformas que benefician a unos cuantos y excluyen a los más.
Como se vio en las disputas internas partidistas para definir candidatos a diputados, senadores o gobernadores cada vez se les dificulta una tarea básica: dirimir con reglas claras los conflictos internos. De su otra función central: representar los intereses y las pulsiones de segmentos de la ciudadanía ni qué decir. Estamos pues, en presencia de un sistema de partidos quebrado y con pocas capacidades para auto-corregirse.
Sabemos ahora también que ninguno de los tres precandidatos presidenciales tiene la fuerza suficiente para impulsar un bloque de diputados, senadores y gobernadores que encarnen una visión de cambio con gobernabilidad.
Estamos entonces también, ante un dilema social: todos los actores saben que son víctimas y prisioneros de un arreglo que basado entre la desconfianza mutua, el agandalle, la exhibición despiadada de reputación dudosas; lleva a la decadencia. .Pero no existen incentivos para tomar riesgos que rompan la parálisis.
¿Qué puede modificar esta inercia? Uno, un agravamiento de la crisis económica mundial y su impacto en México. Dos, un desbordamiento de la guerra contra el crimen. Tres, una conjunción de catalizadores que generen una amplia movilización ciudadana contra la partidocracia. Y cuatro, que las propias fuerzas partidistas decidan intensificar su competencia a través de la deliberación. Es probable que al menos algunos de estos factores se presenten simultáneamente.
La decisión clave tiene que ver con un dato que muestran contundentemente las encuestas: la segunda opción de los electores del PAN y del PRD, es mayoritariamente el PRI. Así que si caen las preferencias de cualquiera de esos dos partidos el que se beneficia es el PRI con el llamado voto útil. Aquí está el meollo para tener una elección competitiva entre tres. Se necesita una elección competitiva entre tres partidos porque sólo así se garantiza una mayor participación ciudadana y se evita una salida a la inercia por la vía de un pacto excluyente.
En una visión de largo vuelo el PAN y el PRD tendrían que asumir una iniciativa de alto riesgo pero que transformaría la lógica con la que parecen perfilarse las campañas presidenciales.
En un país con la grave crisis económica, de seguridad y de representación política, son indispensables espacios para el debate y la deliberación pública. Esas conversaciones nacionales tendrían la virtud de animar a posibles votantes, de proporcionar mejor información y de clarificar las ofertas de cada partido, y muy particularmente ayudaría a definir de manera civilizada los temas a partir de los cuales pudiera construirse una plataforma de entendimiento común para gobernar el país en los siguientes años.
El candidato priísta dada la ventaja en la intención del voto es el más reacio a aceptar mas allá de los dos debates establecidos por ley. La teoría de la resbaladilla -administrar la caída dada el margen de ventaja- puede resultar una trampa letal.
Pero si además Vázquez Mota acepta la idea planteada por López Obrador de varios debates e inician una auténtica conversación, marcando sus verdaderas diferencias eso mismo se constituiría en una poderosa presión para que EPN aceptara entrar en una ronda más amplia de debates públicos. Creo que todos ganarían, sobre todo los ciudadanos. Además, se rompería la parálisis.
