lgo increíble pasa en América Latina. Después de ser brutalizados por décadas por la fallida prohibición de las drogas, impuesta por el gobierno estadunidense, líderes latinoamericanos están diciendo basta ya. Están exigiendo alternativas políticas que puedan reducir la delincuencia, la violencia y la corrupción en sus países, e insistiendo que la despenalización y la regulación de las drogas sean puestas sobre la mesa.

El nuevo presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, está aportando un liderazgo muy importante. Como político conservador y ex general de ejército, tiene una credibilidad con que otros no cuentan. Cuando comenzó a hablar públicamente sobre la necesidad de pensar en nuevas políticas sobre drogas, incluyendo la legalización, muchos pensaron que era sólo una táctica para conseguir más apoyo económico y militar de Estados Unidos (EU). Pero ha mostrado un compromiso tal que ha convencido a sus homólogos en la región que su llamado es verdadero. Dentro de Guatemala, su propuesta ha sido elogiada por diversas voces, como líderes empresariales, el arzobispo Óscar Julio Vian y el director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Francisco Dall’Anese.

El presidente Pérez Molina envió a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, a un recorrido por los países vecinos en busca del apoyo de los demás presidentes centroamericanos para iniciar una discusión sobre políticas de drogas alternativas para la región. La mayoría manifestó estar de acuerdo con unirse al diálogo (asimismo ayudó que la secretaria de Seguridad Nacional de EU estuviera de gira también por la región intentando persuadir a los líderes con infundados alegatos de que la guerra contra las drogas está funcionando). Ahora los presidentes han acordado reunirse en Guatemala el 24 de marzo para debatir ampliamente el tema.

Mientras, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien había intentado iniciar el debate, y que vio frustrado su interés por la falta de apoyo de los líderes de la región, parece estar reanimado por la iniciativa del presidente guatemalteco. Se reunió recientemente con los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ricardo Lagos (Chile) y Felipe González (España) para discutir la mejor manera de plantear el tema durante la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Cartagena, durante abril.

El presidente mexicano, Felipe Calderón, también parece estar más dispuesto a involucrarse en el creciente debate. Tras haber batallado durante toda su presidencia contra las organizaciones criminales, cuya fuente principal de ingresos es el narcotráfico a EU, tiene mayor autoridad moral que nadie para proponer que se tome un nuevo camino. Y nadie conoce mejor la dificultad de alcanzar la victoria en una guerra contra lo que es esencialmente un dinámico mercado global, especialmente cuando se tiene de vecino al consumidor más grande del mundo. Calderón inició el debate cuando comentó que EU debía considerar alternativas de mercado si no puede reducir su demanda de drogas. Poco después se unió con los gobiernos de América Central y los presidentes de Colombia, República Dominicana y Chile para emitir la Declaración de Tuxtla, que dice que si no se puede disminuir la demanda de las drogas ilegales, las autoridades de los países consumidores deben entonces explorar las alternativas posibles para eliminar las ganancias exorbitantes de los criminales, incluyendo opciones regulatorias o de mercado, orientadas a ese propósito.

Los llamados para una reforma a las políticas de drogas están proliferando rápidamente en México. El predecesor de Calderón, Vicente Fox, no tiene problema en decir que la legalización es la mejor forma de afrontarlo. El predecesor de Fox, Ernesto Zedillo, se unió al ex presidente brasileño Cardoso y al ex presidente colombiano César Gaviria en organizar, en primer lugar, una comisión sobre políticas de las drogas en América Latina y posteriormente una a escala mundial, ambas abogando por grandes reformas en las políticas de drogas, incluyendo una regulación efectiva de la mariguana, y también por romper el tabú de considerar todas las opciones para políticas de drogas, incluida la regulación legal.

Ahora los líderes empresariales de Monterrey y la ciudad de México, conscientes del creciente poder de las organizaciones criminales, están uniéndose al debate, con recursos y apoyo a la legalización de alguna u otra forma. Y, desde la izquierda, Javier Sicilia, el influyente poeta convertido en líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, está diciendo prácticamente lo mismo.

No es entonces sorpresa que la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, anunciara en una reunión de la asamblea parlamentaria europea-latinoamericana el pasado febrero que su gobierno ahora apoya un debate sobre la legalización.

El presidente hondureño, Porfirio Lobo, anunció este viernes que los presidentes Calderón y Santos habían sido invitados a una reunión este 24 de marzo en Guatemala, a la cual pretenden asistir.

Todo esto representa un gran dilema para el gobierno estadunidense. Cuando el vicepresidente Biden visitó la región hace poco, aclaró que el presidente Obama se opone firmemente la legalización, pero también reconoció, como Obama en 2011, que es un tema legítimo para ser debatido. Esta declaración fue modesta pero importante, al menos porque envía un mensaje claro a otros funcionarios estadunidenses, de que el rechazo total a cualquier discusión sobre el tema, como se ha hecho hasta ahora, ya no es necesario. Eso fue evidenciado recientemente cuando el secretario asistente de Relaciones Públicas del Departamento de Estado, Mike Hammer, afirmó que estamos dispuestos a discutir el tema para expresar nuestra opinión en tanto no la vemos como la mejor manera de solucionar el problema. Es un tema serio y no nos negamos a discutirlo. Nuestra posición, sin embargo, es muy clara. Los medios latinoamericanos rápidamente notaron el cambio de tono de Washington.

Esto representa un giro dramático en el debate regional, y potencialmente global, sobre las políticas sobre drogas. En América Latina, los actuales presidentes están tomando la batuta de los ex presidentes en el llamado a debatir una nueva política con todas las opciones sobre la mesa. Respetados intelectuales como Carlos Fuentes y Enrique Krauze, en México; Sergio Ramírez, en Nicaragua, y Mario Vargas Llosa, en Perú, están manifestándose en favor. De igual forma lo están haciendo distinguidos ex funcionarios de gobierno, líderes de negocios, medios y de las artes.

El desafío político inmediato para los latinoamericanos es mantener su impulso frente a los esfuerzos vigorosos de EU –tras bastidores– de silenciar el debate, aunque haya dicho públicamente que está en favor de ello. El desafío más importante es dar sustento a sus propuestas de políticas alternativas. Los presidentes latinoamericanos saben que ningún país puede legalizar las drogas unilateralmente, que cualquier cambio significativo tiene que ser multilateral, y que las grandes reformas necesarias al régimen prohibicionista tomarán varios años o incluso décadas. Tanto los gobiernos como las organizaciones no gubernamentales en la región están comenzando apenas a considerar seriamente políticas alternativas, reclutando académicos y otros expertos.

Afortunadamente el consenso sobre las drogas dentro de EU también se está debilitando. George Shultz, el ex secretario de Estado (y del Tesoro), y Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal, están entre los miembros de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, cuyas recomendaciones en junio pasado abrieron un debate mundial. El ex presidente Jimmy Carter apoyó las recomendaciones de la comisión y el ex presidente Bill Clinton ha externado en repetidas ocasiones que lamenta los excesos en la guerra contra las drogas que libró cuando estaba en la Casa Blanca. Líderes afroestadunidenses que han apoyado la guerra contra las drogas están llegando a la conclusión de que la lucha contra los estupefacientes no reduce la adicción en sus comunidades, pero sí contribuye a encarcelar un extraordinario número de jóvenes.

El apoyo público para legalizar la mariguana entre los estadunidenses crece rápidamente –de 36 por ciento en favor en 2006 a 50 por ciento en 2011, según una encuesta de Gallup. Recientemente, el líder conservador evangélico Pat Robertson sorprendió a gran cantidad de personas afirmando que la mariguana debería legalizarse y ser regulada como el alcohol, y manifestó su apoyo a las iniciativas en los estados de Colorado y Washington, tendientes a la legalización de la mariguana.

El mayor obstáculo por ahora es la resistencia de la administración Obama y el Congreso a cualquier discusión real sobre políticas alternativas. La censura y la autocensura sobre el tema en el gobierno federal es endémica, impulsada por el temor de que cualquier memorando interno, o incluso discusiones verbales, que contengan recomendaciones políticamente inconvenientes, no sólo son poco bienvenidas, sino peligrosas para las carreras de muchos funcionarios. Un resultado de esto será que los representantes del gobierno de EU verán cada vez más reducida su participación en la discusión del tema, en Cartagena y en más foros, armados únicamente con la defensa de las fallidas políticas de EU y privados de cualquier análisis de fondo de las vías que plantearán los demás gobiernos.

La peor prohibición, dicho sea de paso, es la prohibición a pensar, y de eso, lamentablemente, es de lo que es culpable el gobierno de EU hoy día.

* Director ejecutivo de la Drug Policy Alliance (DPA)