La Secretaría de Hacienda ordenó a todas las instituciones del sector público del país, federales, estatales y municipales, la elaboración de valuaciones actuariales de los planes de pensiones, jubilación, servicios de salud y demás obligaciones laborales para determinar la cuantía exacta de esos pasivos.

Oficialmente se considera que sólo el gobierno federal tiene pasivos laborales por casi 4 billones de pesos, lo que representa 25 por ciento del valor total de la producción de bienes y servicios a escala nacional (producto interno bruto) de este año.

Una investigación, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, encontró que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) registraron en 2010 pasivos laborales conjuntos por 2 billones 166 mil 314 millones de pesos y cuentan escasamente con 278 mil 118 millones (12.8 por ciento) como provisión para el pago de las pensiones y jubilaciones de sus trabajadores.

La Secretaría de Hacienda emitió este miércoles las recomendaciones necesarias para la elaboración de las valuaciones actuariales de los pasivos laborales, para que este mismo año se logre una información uniforme que permita un análisis integral del problema y se realice un diagnóstico sobre la situación actual y esperada a corto, mediano y largo plazos de los sistemas de pensiones y los recursos apartados para financiarlos.

Por conducto de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, dependiente de la subsecretaría de Hacienda, se explicó que las valuaciones de los pasivos laborales del sector público permitirán conocer la situación financiera actual y las tendencias de evolución futura; evaluar la sostenibilidad financiera bajo las condiciones actuales de contribuciones y otorgamiento de beneficios; identificar los factores que pudieran causar un desequilibrio financiero a corto, mediano y largo plazos (entre los que se encuentran cambios en los mecanismos y montos de financiamiento) o en el nivel de prestaciones o beneficios.

De acuerdo con la autoridad, para cumplir con los objetivos es necesario que las valuaciones reflejen tanto las obligaciones futuras del esquema de pago de prestaciones y beneficios como en los ingresos.

El año pasado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) procesó y analizó la información en materia de pensiones, así como de sustentabilidad financiera y fuentes de financiamiento de los regímenes pensionarios que operan en el país, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. Este trabajo abarcó información de los institutos de seguridad social (IMSS, Issste e Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas); las entidades paraestatales (Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos); las sociedades nacionales de crédito (Bansefi, Bancomext, Banobras, Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Nacional Financiera, Sociedad Hipotecaria Federal); el Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura); los organismos autónomos (Banco de México y universidades públicas estatales) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.