s inconcebible que nadie mueva un dedo para detener el salvaje saqueo minero que registra el país. Esta incalculable riqueza pertenece a los mexicanos pero, a la vista de todos y en connivencia con el gobierno federal, cada año miles y miles de millones de dólares rebosan las alforjas de un grupúsculo de consorcios nacionales y las de unas cuantas empresas foráneas, canadienses la mayoría de ellas, sin que a cambio la nación reciba beneficio alguno. Millones y millones de hectáreas concesionadas al gran capital del ramo, miles y miles de kilogramos de metales preciosos extraídos, enormes daños ecológicos provocados, miserables salarios pagados y condiciones laborales infrahumanas, a cambio de migajas, si bien va, para el denominado cuerno de la abundancia y sus habitantes.

Resulta aberrante lo que sucede. El gobierno federal consiente que ese pequeño grupo de consorcios, nacionales y extranjeros, devasten millones de hectáreas para que expriman al subsuelo de oro, plata y minerales diversos, abundantes en la geografía nacional, y quedarse íntegramente con esa riqueza. A cambio, tales empresas pagan (si en realidad lo hacen) entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada, mientras los estados de la República ricos en recursos minerales no reciben un peso. ¿Hasta cuándo? Urge una modificación a la ley respectiva, para que la enorme riqueza minera del país beneficie a sus dueños originales. Se estima que 95 por ciento de la minería en el país corresponde a los grandes consorcios, y son ellos quienes se quedan con el pastel completo.

Un par de días atrás La Jornada (Juan Antonio Zúñiga) publicó un espeluznante recuento: en un negocio sin par, las empresas mineras extranjeras y nacionales que operan en México extrajeron 79 mil 388 kilogramos de oro puro en 2011, la mayor producción anual de este metal en por lo menos 31 años, según informó el Inegi. Paradójicamente, el país se convirtió ese año en el principal comprador de oro en el mundo, al adquirir 98 mil kilogramos de ese metal por un monto de 5 mil 300 millones de dólares, de acuerdo con cifras del FMI. La cantidad de oro extraído del subsuelo mexicano durante el año pasado fue 121 por ciento mayor a la obtenida al iniciar sus funciones el segundo gobierno surgido del PAN, cuando la producción anual fue de 35 mil 899 kilogramos en 2006. Pero el valor a precios del mercado internacional del oro extraído en 2011 fue superior en 476 por ciento al de cinco años antes. El precio de la onza troy de este metal se situaba en 629.79 dólares en diciembre de 2006, mientras en el mismo mes de 2011 se pagaban mil 640 dólares, lo cual implicó un incremento de 160 por ciento en la cotización del metal que desde hace 600 años constituye el delirio del mercantilismo. Así, el valor de la producción de oro mexicano en 2011 puede estimarse en alrededor de 4 mil 592 millones de dólares, mientras que la de hace cinco años se calcula en unos 797.5 millones de dólares, equivalentes a 17 por ciento de aquella con la que iniciara esta administración.

Como en este espacio se ha comentado, alrededor de 26 por ciento del territorio nacional (52 millones de hectáreas) ha sido concesionado por el gobierno federal a consorcios mineros privados, que pagan, si lo hacen, entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada. De acuerdo con la Cámara Minera de México, la empresa canadiense Goldcorp es la mayor productora de oro en el país, la cual no sólo se beneficia del metal nacional, sino del sostenido aumento del precio internacional (alrededor de 700 por ciento en los últimos ocho años) hasta llegar a un nivel histórico, al que ahora compra el gobierno federal, el mismo que concesiona las zonas mineras. Para dar una idea de qué se trata, la industria minera en México ha dejado atrás la industria turística en lo que a captación de divisas se refiere (en 2010, 15 mil 500 millones de dólares y 11 mil 900 millones, respectivamente), y se ubica sólo por debajo de las remesas (21 mil 300 millones). Casi 26 por ciento de la extracción minera en México es oro (alrededor de 4 mil millones de dólares sólo en 2010), y toda ella queda en manos de particulares concesionados, a quienes el gobierno federal les compra el oro mexicano con dinero de los mexicanos.

Ni de lejos parece ser el mejor de los negocios para los habitantes de este país, pero el calderonato insiste en la tesis, verdaderamente escalofriante, de que vamos por el camino correcto: con dinero de los mexicanos, atesora oro mexicano, extraído de minas mexicanas por trabajadores mexicanos, y lo compra a precios históricamente elevados a… empresas privadas, mayoritariamente extranjeras, concesionadas por el propio gobierno federal, para que extraigan el oro mexicano y lo exporten, en cantidades crecientes, a sus naciones de origen. ¿Qué tal?

Meses atrás, La Jornada también publicó lo siguiente: “tanto ha dado y sigue dando esta tierra, que sólo en la primera década del siglo XXI, con dos gobiernos panistas (2001-2010), un pequeño grupo de empresas mexicanas y extranjeras –con las canadienses a la cabeza– extrajeron el doble de oro y la mitad de la plata que la Corona española atesoró en 300 años de conquista y coloniaje, de 1521 a 1821, en lo que hoy es México, de acuerdo con la citada estadística. En esa década panista, con Fox y Calderón en Los Pinos, los corporativos mineros obtuvieron 380 toneladas de oro y 28 mil 274 toneladas de plata de las minas mexicanas, contra 182 y 53 mil 500 toneladas, respectivamente, en los tres siglos citados. Ello, sin olvidar que 20 años atrás las invaluables reservas nacionales de cobre se entregaron a una sola empresa, Grupo México, cuyo dueño, Germán Larrea (el segundo hombre más rico del país), ni siquiera hizo el intento de rescatar los cuerpos de los 63 mineros que, cinco años después de la explosión, se mantienen bajo cientos de toneladas de tierra en la mina Pasta de Conchos, Coahuila”.

Entonces, no será el gobierno calderonista el que detenga el saqueo. Por el contrario. Pero tampoco el Congreso mexicano, que nada ha hecho para detener el atraco. Menos los partidos políticos. De hecho, la única iniciativa para intentar que la nación obtuviera algún provecho de la riqueza minera (presentado en 2009 por el senador priísta Francisco Arroyo Vieyra) fue rápida y directamente remitida al bote de la basura, aunque algunos ilusos creen que sólo está congelada. ¿Hasta cuándo?

Las rebanadas del pastel

El rector de la UNAM, José Narro Robles, propone que Josefina Vázquez Mota diga si la máxima casa de estudios es un monstruo. Bien, pero ¿qué la pregunta no debe ser al revés?

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