El pleno de la Cámara de Diputados concluyó ayer el trámite de aprobación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que había quedado pendiente el jueves de la semana pasada, cuando el PRI reventó la sesión.

Con ello, quedó aprobada en lo general y en lo particular la norma que endurece el castigo a quienes exploten sexualmente a mujeres, niñas y niños, y abroga la de 2007, que a juicio de los legisladores ya era insuficiente para atender y titular los derechos de las personas.

Dicho ordenamiento tipifica y castiga con 15 a 30 años de prisión la esclavitud, la pornografía infantil y la explotación sexual de mujeres y niños, y para los padres o tutores que regalen o donen a sus hijos, o permitan que sean explotados sexualmente, determina hasta 40 años.

Entre los cambios resalta un capítulo para prohibir la publicación de anuncios en medios de comunicación relacionados con la prostitución. En ese sentido, se definió: Queda prohibida la inserción pagada de cualquier índole que incluya imágenes sobre contacto sexual o pornografía.

Asimismo, prescribe que los anuncios clasificados con contenido para adultos deben sujetarse a lo siguiente: proporcionar copia de los contratos, como anuncios de masajes, edecanes, spas o cualquier otro equiparable.

En el caso de los contratos con personas físicas, los medios deberán requerir la copia de comprobante de domicilio e identificación, y en los celebrados por personas morales, los pagos deberán hacerse con tarjeta de crédito, transferencia electrónica o con cheque, y proporcionar copia de comprobante de domicilio y de su registro federal de causantes .

También se aprobó que la reparación del daño a las víctimas no esté sólo a cargo de quienes cometieron el delito, sino que el Estado se haga cargo en términos integrales, y que sea proporcional al daño y a la afectación. Se rechazó una propuesta del coordinador del PT, Pedro Vázquez González, para que la Cámara de Diputados aprobara un fondo con recursos públicos para cubrir los daños a las víctimas.