El gobernador del Banco de México (BdeM), Agustín Carstens, anunció que México será el primer país del Grupo de los 20 (G-20) en adoptar plenamente en este año los nuevos y más exigentes estándares mundiales en materia de supervisión y regulación bancaria.

Los otros países, dijo, adoptarán dichos estándares hasta 2019 y si México puede hacerlo con tanta antelación se debe a todas las reformas que llevó a cabo desde la crisis económica de 1994 y 1995, mismas que han dado mayor seguridad y estabilidad al sistema financiero mexicano.

Quizá sea presuntuoso decir que nos están copiando, pero hay mucho de cierto en ello porque a partir de los estragos de las crisis sufridas por México aprendimos a identificar riesgos y remediarlos, expuso Carstens al recibir un reconocimiento anoche como gobernador del BdeM del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Tanto José Antonio Quesada, presidente del IMEF, como Agustín Carstens hicieron un recuento del colapso que causaron las pasadas crisis económicas a México y destacaron los factores que hicieron posible que en la de 2008 y 2009 no hubiera una severa devaluación del peso, compras de pánico de la moneda, desplome del crédito, crecimiento de la deuda o que las reservas internacionales se quedaran en cero como ocurrió en 1995.

Actualmente, dijo Cartens, las reservas internacionales ascienden a 150 mil millones de dólares y se cuenta con una línea flexible de crédito de 75 mil millones dólares más, lo que en conjunto supera el total de las deudas pública y privada del país.

Presumió también que México cuenta con Ley de Responsabilidad Fiscal desde 2005 que premite un déficit público muy pequeño, similar al que quieren adoptar países de Europa, y que la deuda del país representa sólo el 30 por ciento del producto interno bruto (PIB) cuando en economías avanzadas llega a 90 por ciento.

La confianza y estabilidad que ha logrado México gracias a una convicción social por crear y fortalecer las instituciones ha logrado que en promedio su deuda pública tenga plazos promedio de pago de siete años, superior a los 5.2 años que tiene Estados Unidos, advirtió.

Aceptó, sin embargo, que se trata de una tarea permanente para evitar la crisis de la que ningún país está exento.