Con base en mediciones hechas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), otorgar en 2012 una pensión universal para las personas mayores de 65 años en países como México, Perú y República Dominicana costaría 1.3 por ciento de su producto interno bruto (PIB), mientras el promedio en la región sería de 1.7 por ciento.

Hay países cuya tarea es más dura, por lo que el porcentaje sería más alto (Ecuador y Nicaragua, 2.6; y Paraguay, 2.4 por ciento de su PIB). Para la Cepal este no es un costo tan alto como se piensa, por lo que sí podría aplicarse la pen- sión universal, resumieron Dirk Jaspers-Faijer, director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), división de población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y Sandra Huenchuan, especialista en el tema de envejecimiento.

Al anunciar el foro internacional sobre los derechos de las personas mayores, organizado por la Cepal en coordinación con el Gobierno del Distrito Federal, por medio del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Distrito Federal (IAAM-DF), Jaspers-Faijer reconoció que el Distrito Federal ha dado grandes pasos en esta materia al instrumentar la tarjeta de la pensión alimentaria.

En los años recientes ha habido mucho movimiento político para tratar el tema de las personas mayores, pero esto no quiere decir que se haya avanzado mucho, varía en cada país. En el caso de la ciudad de México ha dado grandes pasos; por eso estamos aquí, para que otros países conozcan la experiencia que han adquirido, y que a la vez la ciudad de México sepa de otras buenas práticas en la región, explicó el director de la Celade.

Huenchuan abundó que en Naciones Unidas sabemos que los derechos se hacen efectivos sólo en la práctica, y en la medida que conozcamos las acciones que se han aplicado en ciudades como México, y otras, que puedan llevar a la implantación efectiva de la Declaración de Brasilia.

La especialista agregó que según las estadísticas más recientes cuatro de cada 10 personas de 60 años y más tienen acceso a una pensión, y muchas no pueden acceder aún a servicios de salud de calidad.

Jaspers-Faijer refirió que la institucionalidad es otro problema al que se enfrentan, porque cada país tiene establecido un esquema para atender a los adultos mayores, jóvenes o niños, aunque muchas veces ni siquiera es claro.

“Con un cambio de gobierno los temas pasan de un instituto, de un ministerio a la oficina de la primera dama. O sea, no hay institucionalidad; entonces, ¿cómo vamos a tener programas?”, refirió.

De nuevo cita el caso de la ciudad de México como un ejemplo de buenas prácticas; sin embargo, remarcó que a escala nacional varía según el estado, y del gobierno federal.

El director de la Celade advirtió que el foro, que comienza este lunes, tiene varias virtudes: la principal es que es una reunión técnica, con representantes gubernamentales, de organismos de la sociedad, de la academia. Es casi único, se gestó por iniciativa del gobierno de la ciudad de México, que ha puesto muchos recursos para que sea un éxito.