En México, empresas trasnacionales están recurriendo cada vez más a la práctica de cerrar plantas para liquidar trabajadores afiliados a sindicatos democráticos y luego reabren las instalaciones, pero ya con sindicatos de protección, con bajos salarios y sin el pago de prestaciones.

Compañías como Zenith, una maquiladora de productos electrónicos, fabricante de los productos LG, ha despedido trabajadores y contrata nuevos en anexos no sindicalizados, en Matamoros, Tamaulipas, donde los salarios son de la mitad de los de sus otras plantas, y el horario mayor a ocho horas diarias; además, ha transferido a otras empresas un número considerable de trabajadores, de manera ilegal y sin respetarles su antigüedad.

Otra es Johnson Controls, en Puebla, que despidió en días pasados a todo el personal por haberse afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, y se presupone que abrirá otra planta con una organización sindical fantasma o de protección, aseguró en entrevista Óscar Alzaga, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y experto en derecho laboral.

El abogado sostuvo que en el país hay conflictos laborales abiertos, porque se está impidiendo la sindicalización de algunos gremios, como el de gasolineras, o los de empresas multinacionales que impiden ejercer su derecho a la libertad sindical a los trabajadores, como Mittal, que la semana pasada despidió a 84 empleados, porque ya no querían pertenecer a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos sino a un gremio democrático.

También explicó que en este gobierno se hicieron viejos algunos conflictos, como la huelga minera de Cananea, a pesar de que en julio de 2011 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dio por terminadas las relaciones de trabajo y la huelga, en Washington el sindicato de mineros interpuso una denuncia por actos ilegales del gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Federación Internacional de Trabajadores Metalúrgicos y los Steelworkers de Estados Unidos y Canadá, que hicieron suyas las demandas de los obreros mexicanos, quienes tienen prevista una audiencia en los próximos días.

En el caso de la huelga en la mina de Sombrerete, Zacatecas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el asunto, porque los directivos de Grupo México están pidiendo que el derecho de huelga sea no sólo de los trabajadores sino también de la patronal. Aparte de lo extraño de la posición de la empresa, lo fundamental es que la figura de imputabilidad de la huelga ha sido siempre derecho de los trabajadores y no de los empleadores, dijo el abogado.

La huelga minera en Taxco, Guerrero, también es preocupante porque hay una resolución que determina que en el paro de labores se agotó la mina. El sindicato interpuso un amparo pidiendo que se respete el derecho de huelga y se busque negociar con la empresa.

Lo que se ha visto en este gobierno, indicó, es que ha habido apoyo incondicional a la empresa, por encima de los derechos de los trabajadores.