n nuestro país convivimos con un régimen formal de división de tres poderes establecidos que coexisten, coadyuvan y/o son cómplices de los poderes metaconstitucionales del duopolio de los medios masivos de comunicación identificados como el cuarto poder, y el muy poderoso quinto poder, representado por el capital trasnacional colocado preferentemente en las compañías mineras, que ha logrado en los años recientes la concesión de cerca de la cuarta parte del territorio nacional. Y todo ello encubierto en la lógica del libre mercado, donde en apariencia se trata del ejercicio de libertades a las que potencialmente, y muy en abstracto, todos y todas tenemos derecho. Luigi Ferrajoli ha mostrado en su más reciente libro, Poderes salvajes, cómo estos nada virtuales poderes han sometido al modelo de constitucionalismo democrático que formalmente rige en nuestros países.

Hoy es muy claro que el modelo neoliberal prohijó la fuerza de estos poderes y ha provocado la distorsión grave de los llamados estados nacionales que, antes que proteger y garantizar las libertades fundamentales, se coloca como ente subsidiario del gran capital. Pero no estamos hablando de simples tendencias especulativas; a lo largo y ancho del país se resiente el impacto negativo del extractivismo a ultranza, en demérito de la integridad territorial de los pueblos que nunca han sido hijos predilectos del Estado, los indígenas, los de muy antes que han resistido históricamente frente al despojo; sin embargo, la actual situación es ya la mayor amenaza para su subsistencia.

Uno de los ejemplos más recientes es el de la comunidad zapoteca de San José del Progreso, Ocotlán, que vive un ambiente de tensión y divisionismos provocados por el inicio en 2008 de las actividades de la empresa Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines (parte del grupo de empresas mineras canadienses llamado The Gold Group). En lo que va de este año la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) ha denunciado dos crímenes y acusa a los grupos armados al servicio de la empresa minera, apoyados por el gobierno municipal de San José del Progreso, en contra de los opositores a la minera. El 18 de enero de 2012 fue asesinado Bernardo Méndez Vásquez; en esta emboscada resultó herida de gravedad Abigaíl Vásquez Sánchez. Y el pasado 15 de marzo fue acribillado Bernardo Vásquez Sánchez, dirigente de la CPUVO, organización que ha cuestionado el otorgamiento inconsulto de concesiones mineras en territorios de pueblos indígenas del Valle de Ocotlán. En ese atentado también fueron gravemente heridos Rosalinda Dionisio Sánchez y Andrés Vásquez Sánchez. Hasta ahora no se ha hecho justicia; en el primer caso se anunció la detención de uno de los autores materiales justo cinco días después del segundo crimen. Ya se ha escuchado la consabida argumentación de las pugnas comunitarias, que seguramente las hay, pero no se detienen a analizar que éstas son promovidas por las alianzas logradas por la compañía minera.

Lo cierto es que, más allá de la investigación requerida para detener y juzgar a los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes, es urgente que se coloque la mirada en los efectos devastadores de la política de otorgar concesiones por encima de los derechos territoriales de los pueblos.

El panorama es muy grave y los asideros pacíficos apegados a derecho resultan golpeados una y otra vez. Mientras no se detenga la falacia de que las empresas trasnacionales son simples actores privados y se deconstruya lo que se ha denominado arquitectura de la impunidad, los derechos de los pueblos serán inocuos frente a la realidad de estados subrogados al capital trasnacional.

La Organización de Naciones Unidas lleva más de dos décadas debatiendo y realizando seminarios, así como emitiendo principios rectores al examinar la relación existente entre los pueblos indígenas y las industrias extractivas desde una perspectiva de derechos humanos, prestando atención a tres temas principales: a) los procesos de consulta entre todas las partes; b) las formas en que se reparten los beneficios de las actividades económicas con los pueblos indígenas, y c) los medios para resolver las controversias. Este enfoque no logra centrar la vinculatoriedad de unas normas que propicien la aplicación del derecho internacional de derechos humanos. Se mueven en la lógica del llamado soft law (derecho blando) o no derecho. En el más reciente informe del relator ad hoc John Ruggie se refleja este espíritu en la cita de Amartya Sen de que no hay que hacerse ilusiones y es mejor ocuparse de las injusticias que se pueden remediar. Se insiste en considerar que los mercados globales se pueden compatibilizar con los derechos humanos. Así las cosas con el quinto poder, cuya existencia no aparece en las agendas electorales. ¿Será que es mucho pedir?